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Vie. Nov 22nd, 2024
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El Frente Amplio manifestó que en un presente de política de vivienda a la “deriva sin ninguna certeza sobre la posibilidad de recursos para atender la problemática de los asentamientos, ni la construcción de nuevas unidades, el gobierno puso en riesgo el sistema político de vivienda”.

Días pasados, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de Ley referido al comienzo del plazo de prescripción para las carteras del Ministerio de Vivienda, Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. La iniciativa modificó los plazos para evitar perder 400 millones de dólares en créditos hipotecarios, por no tomar medidas durante dos años.

El proyecto de Ley contó con el respaldo de los legisladores del Frente Amplio, pero reclamaron la renuncia del presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Klaus Mill von Metzen; y del vicepresidente de dicha Agencia, Gustavo Borsari.

Con posterioridad, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, rechazó la posibilidad de pedirle la renuncia de los jerarcas, porque al fin y al cabo se actuó a tiempo. Dijo que alcanzaba con un “un tirón de orejas” y sería demasiado sacarles “tarjeta roja”.

Profunda preocupación

Este miércoles, 20 de julio, entretanto, el Frente Amplio emitió una declaración a través de la cual manifiesta su profunda preocupación por la situación generada en la Agencia Nacional de Vivienda “donde estuvieron a punto de prescribir miles de créditos por un monto de unos 400 millones de dólares”, según lo informado públicamente por las autoridades del gobierno.

“La impericia en el cuidado y gestión de recursos públicos hicieron que el Parlamento sesionara con carácter de grave y urgente para considerar una prórroga de cuatro años a los plazos dados por el artículo 467 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y de esa manera evitar su prescripción”, indicó el FA.

La izquierda cuestionó que los partidos de la coalición de gobierno “no pudieron garantizar con sus votos la aprobación del proyecto por no estar sus legisladores presentes en Sala, para lo cual fue imprescindible la lealtad institucional y el compromiso republicano del Frente Amplio”.

“Queda de manifiesto una vez más, que la aprobación de la LUC erosionó la calidad legislativa y desencadenó una sucesión de errores que pudo ser, de no mediar la responsabilidad política del FA, un golpe de muerte de la sustentabilidad financiera de la ANV”, expresó la izquierda en un comunicado.

También se indicó que durante el proceso de aprobación de la LUC, el FA manifestó estar de acuerdo con la modificación de los plazos, pero con un estudio de los impactos que dichas modificaciones pudieran tener en el sistema jurídico y por eso votó en contra de su tratamiento “exprés” en la LUC. Lo ocurrido en la ANV “pone de manifiesto que dicho estudio era totalmente necesario”.

“Una vez más quedan expuestas las dificultades del gobierno para gestionar políticas públicas y los impactos negativos que esta forma de gobernar genera en la gente”, cuestionó el Frente Amplio.

Por otro lado, la izquierda manifestó su apoyo a la directora frenteamplista en la ANV, Verónica Dodera, quien en el desempeño de su función informó de la gravedad del asunto.

“En un presente de política de vivienda a la deriva, sin ninguna certeza sobre la posibilidad para recursos de atender la problemática de los asentamientos, ni la construcción de nuevas unidades, el gobierno puso en riesgo el sistema político de vivienda”, cuestionó el FA.

En la declaración se expresa que “lamentablemente”, en este tema, también se incumple lo planteado en campaña electoral. “Las 50 mil viviendas prometidas fueron ‘una forma de decir’ y ‘asentamiento cero’ fue ‘una meta aspiracional’, criticó el FA haciendo clara alusión a la ministra de Vivienda, Irene Moreira.

Además, “no se conoce cuánto ni de qué fuente saldrán recursos anunciados. Los anuncios del gobierno son parte del problema y ninguna solución”, lamentó el FA.

lr21.com.uy


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