De 2006 a la fecha, 18 excomandantes de la Policía Boliviana fueron salpicados por diferentes escándalos de corrupción y narcotráfico, entre otras denuncias. El actual jefe de la institución policial, Jhonny Aguilera, enfrenta en su gestión al menos seis casos que involucran a policías en graves irregularidades, pese a eso está firme en su cargo.
Recientemente Carlos Romero, exministro de Gobierno, dijo que la Policía atraviesa una situación estructural “muy crítica” y aseguró que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ya no sirve porque hay protección al narcotráfico. En ese sentido, legisladores de oficialismo y oposición consideran que urge una reestructuración.
Ante las críticas a la fuerza antidroga, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respondió ayer que “el modelo soberano elaborado por bolivianas y bolivianos está siendo aplaudido a nivel internacional y si es que existe algún efectivo policial que se anima a involucrarse en temas de narcotráfico, le espera la cárcel (…) Nuestra lucha es transparente”.
A continuación, Página Siete hizo una revisión de los escándalos que involucran a comandantes de la Policía de 2006 a la fecha:
Issac Pimentel (2006) fue involucrado en el manejo irregular de fondos del Consejo de Vivienda Policial (Covipol) en el que se estableció que la aprobación y adjudicación de proyectos habitacionales del edificio Los Reyes no fueron efectuadas según las normas.
El caso también salpicó a Miguel Vásquez (2007-2008), Miguel Gemio (2008) y Víctor Hugo Escobar (2009), quienes fueron procesados por la adjudicación irregular de departamentos en el edificio Los Reyes. Los dos primeros fueron liberados y Escobar denunció que le pidieron dinero para liberarlo del caso. Acusó a los policías Jhonny Aguilera y Fabricio Ormachea por cobros ilícitos; luego fue imputado por otros delitos en otro caso, en 2019.
Tras su destitución, Óscar Nina (2010) fue sindicado por nexos con el narcotráfico y sentenciado a siete años y seis meses de prisión por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Ciro Farfán (2011) fue involucrado y destituido por el caso de las placas clonadas de vehículos decomisados por Diprove, luego de que se descubriera que él conducía una camioneta decomisada al narcotráfico y con placas adulteradas. Jorge Santiesteban (2011-2012) fue procesado y destituido por el caso de cobros ilegales a 54 cadetes para que ingresen a la Academia de Policías.
Durante su breve interinato, Víctor Maldonado (2012) fue denunciado por los propios policías de asumir el cargo de manera irregular.
Alberto Aracena (2013) fue involucrado en la compra con presunto sobreprecio de uniformes para los policías. Este caso también salpicó a Wálter Villarpando (2014). Luis Enrique Cerruto (2015) fue procesado por la adquisición irregular de víveres; él renunció al cargo a raíz de la fuga de Martín Belaunde.
Antes de su gestión, Édgar Téllez (2015-2016) fue involucrado en el traslado de armas dispuesto por la Embajada de Estados Unidos (EEUU) y vinculado en un supuesto plan de desestabilización en la Gobernación de Beni. Asumió el cargo en medio de denuncias de parte de la exsubcomandante de la Policía, Rosario Chávez, por discriminación y corrupción.
Rino Salazar (2016) fue procesado por la muerte de Rodolfo Illanes, exviceministro de Régimen Interior, quien murió a manos de mineros cooperativistas en Panduro, La Paz, donde también fallecieron mineros por disparos de arma de fuego.
Abel de la Barra (2017) y Faustino Mendoza (2018) fueron criticados por expresar su apoyo público al MAS; además, el primero si bien fue procesado en la Fiscalía, fue liberado de toda culpa y el otro dejó el cargo en medio de una fuerte polémica por la filtración de un audio que puso en evidencia acciones de espionaje a periodistas y opositores.
Rómulo Delgado (2019) estuvo poco tiempo en el cargo, y tras su salida, se reveló un audio en el que se le escucha conversar con el entonces director de la Felcn, Maximiliano Dávila, sobre la investigación del tráfico de drogas por la ruta Bolivia-Panamá-EEUU. Ahora, Dávila está en la cárcel por legitimación de ganancias ilícitas y es investigado en EEUU por narcotráfico.
Yuri Vladimir Calderón (2019) y Rodolfo Montero (2020) fueron procesados por casos de la crisis de noviembre de 2019, el primero por el supuesto “golpe de Estado” y el otro por las muertes en aquel año.
Finalmente, Jhonny Aguilera asumió en noviembre de 2020. Si bien no enfrenta denuncias directa, en lo que va del año su gestión fue salpicada por al menos seis hechos: el caso Dávila, exjefes acusados de proteger el narcotráfico (narcoaudios) y por venta de autos robados (Diprove), caso Misael Nallar y el asesinato de tres policías, efectivos vinculados a reos y en atracos, entre otros.
Página Siete
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