Luego de infructuosos llamados al diálogo, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por 30 días en las tres provincias -Pichincha (cuya capital es Quito), Imbabura y Cotopaxi- donde las manifestaciones son más violentas.
En un abierto desafío al gobierno de Ecuador, la mayor organización de indígenas del país cerró carreteras en tres provincias andinas en las que el último sábado entró en vigencia un estado de excepción y la movilización de militares para controlar manifestaciones que ya llevan seis días.
Tras la declaratoria del estado de excepción en Pichincha (cuya capital es Quito) y sus vecinas Imbabura (norte) y Cotopaxi (sur), con buena presencia de indígenas que representan más de un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos, las protestas se mantienen en esas jurisdicciones.
El bloqueo de vías también se extendió a otras 14 de las 24 provincias del país, de acuerdo al estatal Sistema de Seguridad ECU911.
El estado de excepción es rechazado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, y planteó a la Asamblea Nacional su revocatoria.
El presidente del opositor Congreso, Virgilio Saquicela, informó a la prensa que 72 asambleístas presentaron un pedido de revocatoria, lo que de acuerdo a la Constitución se requiere 70 de los 137 votos. Citó para el lunes a los parlamentarios para tratar ese tema y resolver si llaman a dirigentes de las protestas y a los jefes de todas las funciones del Estado, incluido el Ejecutivo, para “dialogar, siendo el único camino para resolver” la crisis.
El oficialismo cuenta con 13 escaños en el Congreso, en el que las fuerzas de oposición están dispersas pero hacen mayoría. Pachakutik, brazo político de la Conaie, es el segundo bloque con 18 asambleístas.
La organización indígena lidera protestas en reclamo de una rebaja de combustibles tras subir 90% (a 1,90 dólares) el galón de diésel y 46% (a 2,55) el de gasolina corriente entre mayo de 2020 y octubre de 2021, desde cuando los precios están congelados por presión de los nativos.
Desde el año pasado, la Conaie plantea que esos precios bajen a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.
Las manifestaciones, que han incluido marchas de estudiantes en Quito, dejan al menos 83 heridos y 40 detenidos, según autoridades y gremios aborígenes.
Luego de infructuosos llamados al diálogo, en el que quiere mediar la ONU, Lasso declaró el último viernes el estado de excepción por 30 días en las tres mencionadas provincias, las más perjudicadas por las protestas.
También ordenó el despliegue de soldados y toque de queda de siete horas en las noches.
A pesar de que está suspendido el derecho de reunión, unas 500 personas -ciudadanos, empresarios y dirigentes de entes productivos- se concentraron en la avenida Shyris, en el norte de Quito, para manifestar por la paz y en defensa de la capital ecuatoriana, que alberga a tres millones de habitantes.
“Necesitamos tener paz y tranquilidad para poder trabajar y progresar”, expresó a la AFP Norma Irigoyen, una ama de casa de 75 años, quien recordó los violentos disturbios liderados por la Conaie contra el gobierno en octubre de 2019, que duraron más de una semana con saldo de 11 muertos y más de 1.000 heridos.
En esa ocasión, en la capital, la sede del Congreso fue ocupada, el edificio de la Contraloría incendiado y bienes públicos y privados dañados.
Entre gritos de “fuera Iza, fuera” en la manifestación por la paz, el presidente de la Cámara de la Construcción, Leopoldo Ocampo, dijo a la AFP que “los que vivimos aquí no nos merecemos que vuelvan a amenazar con un octubre negro”.
Tras las medidas tomadas por el gobierno, el titular de la Conaie, Leonidas Iza, respondió el sábado: “Ratificamos la lucha a nivel nacional, de manera indefinida”, por lo que las comunidades mantienen las protestas.
“Desde este momento preparamos la movilización” de nativos a Quito para sumarse a las manifestaciones que otros sectores realizan en paralelo al bloqueo de carreteras, señaló, sin precisar cuándo esperan arribar.
Ante el incremento del narcotráfico y la violencia rige desde el 30 de abril otro estado de excepción por 60 días en las provincias costeras Esmeraldas, Manabí y Guayas. En Guayas se dieron protestas el sábado.
Lasso también presentó el último viernes una serie de medidas como el aumento de 50 a 55 dólares de un bono para personas en situación de pobreza, un subsidio de hasta 50% en el precio de la urea para pequeños y medianos productores y la condonación de créditos vencidos por máximo 3.000 dólares otorgados por el banco estatal para el fomento productivo.
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