Los empleados de la gubernamental Fundación Nacional el Indio (Funai), ente encargado de políticas públicas indígenas, comenzaron este martes una huelga por tiempo indeterminado para reclamar mayor seguridad a los trabajadores en la selva amazónica y la militarización del organismo, tras la desaparición del indigenista Bruno Pereira y el corresponsal inglés Dom Phillips, el 5 de junio.
Además,las entidades de empleados de la Funai y organizaciones indigenistas denunciaron al gobierno de Jair Bolsonaro de retirar a los funcionarios de carrera especializados en el área más sensible del tratamiento de los pueblos originarios por militares y empresarios ruralistas a favor de la reducción de fiscalización.
La huelga ocurre luego de que el presidente de la Funai, el comisario de la Policía Federal Marcelo Xavier, acusó falsamente a Pereira de haber ingresado ilegalmente a territorio indígena en el Vale do Javarí, oeste del estado de Amazonas, cinco días antes de desaparecer.
La Unión de los Pueblos del Vale do Javari (Univaja) desmintió al titular de la Funai que intentó de alguna manera criminalizar la actitud de Ribeiro, un experto que fue destituido de sus cargos en la Funai en 2019 por el entonces ministro de Justicia Sérgio Moro, en el marco de la política pro-ruralista del gobierno de Jair Bolsonaro.
Para ingresar a territorio indígena hay que cumplir un protocolo de la Funai.
Ribeiro estaba licenciado de su cargo en la Funai -no cobraba salario- para dedicarse a trabajar para la Univaja: su principal trabajo fue haber instruido a los pueblos originarios a montar una red de vigilancia para evitar invasiones a su territorio por parte de traficantes y las mafias de la pesca y caza ilegal y la minería ilegal.
Ribeiro y Phillips desaparecieron en Atalaia do Norte, principal ciudad del Vale do Javarí, luego de que ambos fueran amenazados por supuestos lugareños que forman parte de las milicias de las actividades ilegales de la zona, entre ellas el narcotráfico de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú.
Por otra parte, el Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) y la asociación Indigenistas Asociados (INA, que agrupa a los empleados de la Funai) denunciaron que la oficina que depende del Ministerio de Justicia “se transformó en un organismo antiindígena, marcado por la no demarcación de territorios indígenas y la persecución contra empleados y líderes aborígenes”.
Según el documento, de las 39 oficinas regionales de la Funai en todo Brasil, 24 están encabezadas por militares o policías.
El comando militar y policial de la Funai, dicen la entidades, provocó traslados, suspensiones y procesos administrativos contra funcionarios de carrera.
“La Funai está alineada a las asociaiones patronales ruralistas, defiendo las tesis jurídicas contrarias a los derechos conquistados por los pueblos indígenas Están haciendo estragos en la Funai”, dijo Fernando Vianna, presidente de INA.
Bolsonaro hizo campaña en 2018 prometiendo no entregar más territorio a los indígenas, un reclamo de las patronales ruralistas que avanzan en la conquista de tierras fiscales en la selva amazónica para derribar la selva y expandir la actividad agropecuaria.
La tesis de poblar la Amazonia con tierras para el agronegocio fue iniciada por la dictadura militar (1964-1985) bajo la tesis de que la región selvática era un teatro de operaciones de supuestas guerrillas comunistas.
La devastación amazónica a gran escala comenzó en los años setenta con la construcción de la ruta Transamazónica, alrededor de la cual fueron entregadas tierras a productores agrarios de otras regiones para que deforesten y comiencen actividades agropecuarias.
La comisión de la verdad sobre la dictadura entregó un documento en 2014 que indicó que al menos 8.000 indígenas fueron asesinados para permitir la construcción de la Transamazónica.
En esa región del estado de Pará se encuentra la ciudad de Altamira, que fue el municipio líder en emisión de gases de efecto invernadero en 2021 -más que urbes como San Pablo y Río de Janeiro- a raíz de la deforestación y la cría de ganado.
