Al menos seis organizaciones internacionales emitieron informes en los que expresaron su “indignación” por el juicio que se lleva en contra de la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez, por el caso golpe de Estado II.
Los informes detectan ambigüedades, problemas estructurales en la administración de la justicia y condenan la detención preventiva de la exmandataria que hoy cumple 452 días sin sentencia en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz.
El exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, sostuvo que todos los informes “coinciden en que esto (el juicio de Áñez) es una violación de todos los estándares internacionales del debido proceso”.
“Los informes claramente demuestran que en el exterior hay mucha indignación sobre cómo se está llevando adelante este juicio. Estos informes deberían ser considerados, pero no será así porque no existe una justicia independiente, ningún boliviano tiene garantizada su libertad y seguridad porque no hay confianza en la justicia que está sometida a las decisiones del gobierno”, dijo Aparicio.
Informes
Uno de los primeros en pronunciarse fue el Parlamento Europeo, en abril de 2021 tras la detención de Áñez. En una resolución que aprobó consideró a la exmandataria como una “presa política”. También condenó su detención “arbitraria e ilegal”. Pidió a las autoridades que la liberen y retiren los cargos por “motivos políticos”, además, pidió “una justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas”.
Otra entidad que se pronunció fue la división América de Human Rights Watch (HRW), que calificó, en agosto de 2021, de “disparate” los cargos en contra Áñez por “genocidio”, que pretendieron insertar en el caso denominado “golpe de Estado” y afirmó que tal situación “dificulta” una justicia imparcial para las víctimas.
En febrero de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh-Bolivia) advirtió que el Estado boliviano es responsable por la vida y salud de la expresidenta Jeanine Áñez, a través de su cuenta oficial de Twitter.
“Se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación/tratamiento forzados. Los estándares internacionales establecen que todo tratamiento médico o alimentación forzados podrían equivaler a tortura o malos tratos”, dice uno de los mensajes.
Por otro lado, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, aseguró que el Estado es responsable de la salud y la integridad física de los privados de libertad, incluida la expresidenta Jeanine Áñez.
Además, en su informe final, cuestionó la falta de independencia de los magistrados y abogados.
En tanto, el informe sobre Derechos Humanos 2021, que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos, observó que el Gobierno boliviano ejerce una “presión tremenda” contra jueces en el proceso judicial contra la exmandataria.
Remarcó que un expresidente debería ser juzgado en juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria como ocurre con Áñez.
Otro pronunciamiento fue emitido por el europarlamentario Hermann Tertsch, quien sostuvo que a la expresidenta “la están matando poco a poco” y criticó que se quiera condenar a una mujer “que asumió el cargo que le correspondía”.
Vulneraciones contra Áñez
Algunos expertos señalan que al menos se vulneran cinco principios y derechos de la exmandataria, como el derecho a un debido proceso, violación a las garantías constitucionales, vulneración al derecho a la salud, presunción de inocencia y que se le inició un proceso con altos componentes políticos.
Además, insisten en que la expresidenta Jeanine Áñez debe ser procesada mediante un juicio de responsabilidades y no así por la vía ordinaria como se lo hace.
La ley de procesamiento al presidente, vicepresidente y altos dignatarios señala que la norma se aplica a exmandatarios sin excluir si son electos o de facto.
Recomiendan recuperar la independencia judicial
La exsenadora y activista por los derechos humanos Carmen Gonzales señaló que los informes internacionales hablan sobre la detención ilegal de la expresidenta Jeanine Áñez. Además, recomiendan que haya independencia en la justicia boliviana.
“Hay una infinidad de informes de organismos internacionales que hacen recomendaciones en este caso (Áñez), pero en nuestro país se vive una dictadura donde hay un poder hegemónico que no permite que la legalidad prospere, tampoco permite que la justicia sea independiente”, dijo Gonzales.
Otro detalle que denunció es que el objetivo del juicio contra la exmandataria es para “encubrir el fraude electoral que hubo, a través del cual salió del poder Evo Morales”.
“Es querer tapar el sol con un dedo cuando muchos organismos internacionales saben que en Bolivia hubo fraude en 2019. Hubo un quebrantamiento institucional a partir de la salida del expresidente junto a toda su estructura política. Ahora quieren suplantar y encubrir el fraude con un enjuiciamiento a la expresidenta Áñez”, señaló.
La expresidenta está detenida desde el 13 de marzo de 2021 por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales y todo su gabinete.
Según lo dispuesto por el Tribunal, el juicio continuará esta jornada.
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