“Debo decirles con indignación, que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la república”, dijo a la prensa Castillo en la ciudad amazónica de Iquitos.
En paralelo, un equipo de la fiscalía acudió al palacio de gobierno en Lima este lunes a buscar información sobre una supuesta contratación irregular de personal.
“Hace unas horas, he tenido que responder al personal que está en Palacio de Gobierno, donde acaba de estar nuevamente la fiscalía, entorpeciendo la labor y denigrando (mi imagen)”, manifestó el mandatario izquierdista.
“No he robado ni un centavo”, agregó.
La fiscal Rosario Quico investiga desde enero la supuesta contratación irregular de personal en el palacio durante la gestión de Castillo, que inició el 28 de julio de 2021.
Además, la fiscalía peruana informó el domingo que amplió una investigación a Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
Castillo ahora será incluido en el caso del consorcio “Puente Tarata III”, por el que se investiga si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la presidencia y dos sobrinos del mandatario integran una supuesta red criminal encabezada por el presidente.
La fiscalía señaló que “el presidente fue notificado y tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa”.
La empresaria lobista Karelim López acusó al mandatario y a su entorno más cercano, incluidos los dos sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos de obras públicas.
López coopera con la fiscalía bajo el paraguas jurídico de una “colaboración eficaz” (delación premiada). Si se comprueban sus delaciones, podría obtener una menor pena en caso de que sea condenada por la justicia.
El escándalo estalló cuando la prensa reveló gestiones de López ante Castillo para que el consorcio conocido como “Puente Tarata III” ganase una licitación para construir un puente en la región amazónica de San Martín.
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026.
