Por amplia mayoría, el órgano que fiscaliza las cuentas del Estado brasileño avaló la venta, que según el gobierno podría concretarse entre mediados de junio y mediados de agosto de este año.
“Por 7 votos a 1, declaro vencedora la propuesta” del relator, que autoriza la continuidad del proceso de desestatización, afirmó la jueza Ana Arraes, presidenta del TCU, al cabo de una deliberación de más de 4 horas.
La privatización, que ya fue aprobada a mediados de 2021 por el Congreso brasileño, se realizará vía capitalización, mediante la emisión de nuevas acciones, a fin de que la participación estatal en el capital de Eletrobras caiga del 72% al 45%, según analistas.
La expectativa del gobierno es de captar hasta 67.000 millones de reales (13.500 millones de dólares al tipo de cambio actual), 25.000 millones de los cuales irían a las arcas del Tesoro.
El resto se destinaría a programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo, según estimaciones de expertos.
A poco más de cuatro meses de las elecciones presidenciales, el aval del TCU es una buena noticia para Bolsonaro, quien desde que llegó al poder en enero 2019 con la promesa de achicar el estado y sanear las cuentas públicas apenas pudo avanzar con su ambicioso plan de privatizar un centenar de empresas.
La privatización de activos públicos es uno de los grandes temas de la precampaña; especialmente en medio de una disparada inflación debido entre otras cosas al alza en el precio de la energía y de los combustibles, lo que ha llevado a Bolsonaro a no descartar también la privatización de Petrobras, la mayor empresa de América Latina.
