La audiencia del exvicepresidente estuvo precedida por una amenaza de bomba en los exteriores de la Corte de Santa Elena.
La audiencia judicial que debe decidir sobre la revisión del recurso de habeas corpus del exvicepresidente Jorge Glas, quien fue sentenciado hace casi cinco años por corrupción, inició este miércoles en la Corte de Santa Elena, en la costa ecuatoriana; bajo una amenaza de bomba en las afueras del tribunal.
Tras la amenaza, registrada a primera hora de esta mañana, la Policía de Santa Elena descartó la presencia de un artefacto explosivo en los alrededores de la Corte Provincial, aunque miembros del Grupo de Intervención y Rescate, de la Policía Nacional del Ecuador custodian el perímetro.
Los simpatizantes del movimiento Revolución Ciudadana se apostaron con banderas, carteles, gritos y pantallas gigantes donde mostraban el apoyo al exmandatario, aunque Jorge Glas no acudió presencialmente, pero sí lo hizo su defensa. Entre otras demandas, exigen que se respete la decisión judicial otorgada a Jorge Glas y que pare la persecución política en su contra.
De la misma manera, recuerdan que el exvicepresidente ha cumplido con todas las medidas sustitutivas que le fueron impuestas.
En la previa, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, asistió y antes de su ingreso, insistió en la revocatoria del habeas corpus de Glas y lo justificó así: “La Procuraduría no fue citada ni convocada a la primera diligencia, donde se le concedió el recurso. El SNAI carece de personería jurídica, no puede comparecer solo. El Estado estuvo en indefensión”, indicó.
No obstante, más de 50 personas han pedido participar a favor de Jorge Glas con la utilización del recurso jurídico del “amicus curiae” y hasta el inicio de la audiencia, la jueza dijo que continuaba recibiendo solicitudes.
La fiscal General del Estado, Diana Salazar, y actores políticos acuden a la diligencia vía telemática. De revocarse el habeas corpus, Glas tendría que volver a la cárcel regional de Cotopaxi a cumplir con sus dos sentencias ejecutoriadas: una de seis años de prisión, por asociación ilícita, en el caso Odebrecht; y la segunda, a ocho años, por cohecho, dentro del caso Sobornos.
La secretaria del Tribunal que conoce el caso anticipó que la resolución de la audiencia no se conocerá este miércoles, pues los jueces tienen ocho días para tomar una decisión.
telesurtv.net
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