De acuerdo con diferentes registros y actas, Patricia, Zenón y Víctor Hugo Hurtado Vera, además de Elielson Goncalves de Lima, son los ejecutivos y accionistas detrás de la millonaria estafa de Akros 7, que dejó más de un centenar de víctimas en el eje troncal del país.
Esta empresa también brindaba servicios financieros en Brasil, donde hay al menos tres procesos judiciales en su contra.
Nuevas víctimas de La Paz afirman que en enero llegaron a una conciliación por medio del Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), dependiente del Ministerio de Justicia. Sostienen que el acuerdo entre partes no está siendo cumplido.
“Los tres hermanos (Patricia, Zenón y Víctor Hugo Hurtado Vera) están desaparecidos y los estamos buscando, porque hay órdenes de aprehensión en La Paz. Acá, en Santa Cruz, también hemos iniciado algunas acciones penales y estamos tratando de gestionar la captura internacional, porque tenemos datos de que podrían haber salido del país”, señaló el abogado Jaime Soliz, representante de una parte de los afectados en Santa Cruz.
Página Siete publicó hace una semana un reportaje en el que al menos un centenar de personas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz denunciaban ser víctimas de estafa por parte de la empresa Grupo Akros 7 SRL, una inmobiliaria que también operaba como financiadora directa para la compra de bienes a bajos intereses y con varias ventajas. Los afectados entregaron desde 20.000 hasta 200 mil dólares, ya sea para comprar un departamento o para ser prestamistas o inversionistas de los proyectos inmobiliarios.
Luego de la difusión de la nota aparecieron más afectados. Aún se desconoce el monto total de la estafa, pero las nuevas víctimas estiman que podría pasar de los dos millones de dólares.
Tres hermanos con $us 100 mil
“Los tres hermanos eran socios y accionistas de la empresa. Pero Patricia era con la que más contacto tenía, era como la más activa. Los que llamaban para cobrar eran Víctor Hugo y Zenón. Cuando empezaron los problemas, le pregunté a ella, de frente, si se trataba de una estafa y si me iban a devolver mi dinero. Ella me respondió: ‘No me voy a escapar, en el nombre de Dios que te voy a pagar’”, relató una de las personas afectadas.
Un acta de constitución a la que Página Siete tuvo acceso dice que el Grupo Akros 7 SRL se conformó el 14 de agosto de 2020 con tres accionistas: los hermanos Hurtado Vera. En detalle, cada uno aportó con un tercio del capital, que entonces era de 700 mil bolivianos ($us 102.000).
Patricia Hurtado (39 años) aportó con 231 mil bolivianos, al igual que Zenón Hurtado (33 años), por lo que cada uno tenía un 33% de la empresa. Víctor Hugo (43 años), el mayor de los tres, aportó 238 mil bolivianos y tenía el 34% de la empresa. Por un margen pequeño, él era el socio mayoritario.
Los tres hermanos son hijos de un coronel jubilado de la Policía Boliviana. En diferentes documentos, además de sus carnets de identidad, los tres declararon como su dirección un mismo domicilio de la urbanización Los Pinos Norte, en el sur de La Paz. Patricia y Zenón firmaron como administradores de empresas.
Aunque los domicilios legales de los socios, al igual que el de la empresa, están en La Paz, el acta de constitución fue notariado en Santa Cruz de la Sierra.
En 2021, cuando la empresa estaba en su mejor momento, Patricia recibió un poder para ser la representante legal. Es por ello que muchos de los acuerdos fueron negociados con ella, al igual que las conciliaciones con las víctimas. Los dos hermanos varones fungían como gerentes generales.
El accionista de Brasil
Varios de los afectados que contactaron a Soliz hicieron referencia a un vínculo de la empresa con un supuesto capitalista brasileño. El jurista indicó que esta persona es la que ayudó a darle a la inmobiliaria una imagen internacional.
“Mucha gente creyó en Akros 7 porque había este supuesto inversionista extranjero. Aunque se habla de que éste tenía una empresa en el vecino país, no hemos podido tomar contacto, ni conseguir documentos que demuestren ese vínculo o que hubo algún tipo de estafa internacional”, indicó el abogado.
De acuerdo con documentación publicada en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, el 6 de octubre de 2020 Akros 7 realizó un aumento de capital, para que éste suba de 700 mil bolivianos a 4,3 millones. Además se incluía a un nuevo socio: Elielson Goncalves de Lima, un ciudadano de Brasil.
Según la nueva distribución del capital, Goncalves entró a la empresa con un aporte de 1,3 millones de bolivianos, monto que fue igualado por Patricia Hurtado. Cada uno de sus dos hermanos aumentó su aporte a 850 mil bolivianos.
Con ello la hermana y el extranjero resultaron los accionistas mayoritarios, con un 30,23% cada uno. De la misma forma, Víctor y Zenón se quedaron con el 19,76%.
“Cuando preguntábamos de dónde venía el financiamiento, nos decían que de un accionista en Brasil. Era como garantía de la seriedad de la empresa, porque era el capitalista mayoritario y tenía una empresa solvente allá”, contó una de las víctimas.
Afirmó que no conoció al accionista en persona, pero que sí supo de él cuando la empresa ya no pudo pagar las deudas. “Me dijeron que él había decidido retirar su capital y que él les había estafado a los tres hermanos”.
Este testimonio es similar al del resto de los afectados, pero también abre más dudas sobre ¿quién era Goncalves? y ¿qué nexo tiene con los Hurtado?
Página Siete revisó los registros empresariales y los portales de transparencia del vecino país.
En ese proceso se evidenció que Goncalves también es socio y propietario de la empresa cuya razón social figura como Servicios Financieros Akros 7 Ltda.
La homónima brasileña fue fundada el 19 de marzo de 2020, cinco meses antes que la Akros 7 boliviana. Figura como una sociedad anónima activa, con domicilio legal en Brasilia.
Su capital social es de un millón de reales, equivalente a 1,35 millones de bolivianos y tiene dos socios: Goncalves y la boliviana Patricia Hurtado.
También se encontró que desde 2020 la empresa enfrenta al menos tres demandas por temas laborales y por deudas que se busca sean honradas.
Crecimiento, demandas y fuga
Ante el crecimiento de la Akros 7 boliviana, en marzo de 2021, se procedió a la ampliación del objeto social de la empresa. Un testimonio notariado, publicado en el Servicio Plurinacional del Registro Comercial, hace referencia a que los socios realizaron una asamblea sin convocatoria previa. Patricia Hurtado ya figuraba como la representante legal.
En esa reunión, fue el menor de los hermanos el que pidió, por el constante crecimiento de la empresa y la necesidad de seguir creciendo, la ampliación del objeto social. Argumentó que el fin era realizar inversiones de dinero, valores, acciones, bonos y toda clase de títulos mobiliarios en bolsas de valores nacionales o extranjeras. Además de administrar esas inversiones y las ganancias que generen a futuro.
El auge duró poco, pues en octubre de 2021 se procedió a la disminución del capital y la salida de dos socios, según el testimonio 694/2021 de la Notaría de Fe Púbica N° 47, de La Paz.
El documento señala que los hermanos Víctor y Zenón decidieron dejar la sociedad. Además se reportó que el capital bajó de 4,3 millones de bolivianos a 1,95 millones. La empresa se quedó solo con Patricia Hurtado y Goncalves como únicos socios. Sus aportes se registraron en 650 mil y 1,3 millones de bolivianos, respectivamente. Con el 66,67% del capital, el brasileño pasó a ser el accionista mayoritario.
En el acta figura la firma y presencia de los tres hermanos, pero no así las de Goncalves.
Fue entonces que la empresa empezó a presentar problemas. Llegaron los primeros avisos de que no se podría pagar los intereses a los prestamistas y se descubrió que no se había pagado a las constructoras en meses.
En el sistema de consulta ciudadana del Ministerio Público figuran no solo las denuncias iniciadas por las víctimas en contra Akros 7 y los Hurtado Vera. El registro también advierte que está en curso una demanda contra Goncalves iniciada por los Hurtado, que no tiene avances.
Por las versiones que las víctimas recibían de los ejecutivos de Akros 7, para justificar la falta de pagos, éstas saben que el accionista brasileño fue denunciado y que debería estar cumpliendo una detención preventiva en el penal de San Pedro. Sin embargo, ello no pudo ser corroborado.
Conciliaciones en Ministerio de Justicia están en vigencia
Varias de las víctimas señalan que tras el colapso de la empresa y las múltiples quejas, en enero de este año fueron convocados por Patricia Hurtado a las oficinas del Sijplu para conciliar el devolución de su dinero. No todos aceptaron porque no había garantía del cumplimiento del pago, pero otros sí lo hicieron.
Mediante la unidad de comunicación del Ministerio de Justicia, Página Siete solicitó información sobre estos casos, pero hasta la fecha no hubo respuesta. En contacto con el responsable del Sijplu, se confirmó la firma de estos acuerdos, pero no se pudo saber el estado de los mismos.
“Por norma, estas conciliaciones se manejan bajo un principio de reserva. Las partes son las únicas que pueden autorizar informar sobre una conciliación. Fuera de que sí se suscribió varias conciliaciones, no podemos informar nada más”, explicó el director del Sijplu, Aldo Torres.
Indicó que se tiene el número de conciliaciones en este caso, pero que por el mismo principio de reserva no puede ser revelado.
Aclaró que la conciliación establece un acuerdo y un procedimiento. Si éstos son incumplidos, se da paso a un proceso judicial de ejecución forzosa. Es decir, si la persona que tenía que pagar la deuda no lo hizo, ya no es necesario seguir un proceso de reconocimiento de firmas, con testigos o juicios.
“Directamente hay que presentar el caso al juez y él debe ejecutar. Él embargará y hará la anotación preventiva de bienes. En caso de que no hubiera bienes, ya se entra a una figura penal”, dijo Torres.
De acuerdo a algunos de los documentos a los que Página Siete tuvo acceso, Patricia Hurtado se comprometió a pagar las deudas y presentar un plan de pagos al ministerio. Además se estableció que no podía salir del país y que debía tener constante comunicación con los afectados.
Consultado sobre el seguimiento que se le hace al caso, Torres dijo que al ser una conciliación voluntaria no se busca que haya un incumplimiento de lo acordado.
Cerraron las oficinas
Predios • La empresa funcionaba y declaraba como domicilio legal a unas oficinas del quinto piso del edificio Infrabol, en la avenida Montenegro de la zona Sur de La Paz.
Traslado • Cuando dejaron de pagar los préstamos y los departamentos, de la noche a la mañana anunciaron su traslado al edificio López Azero.
Atención • Por un mes mantuvieron las oficinas a puertas cerradas y advirtieron que sólo atenderían a sus usuarios con cita previa.
Afectados • Las víctimas hacen un llamado a otras personas que se vieron afectadas por los contratos o préstamos.
Página Siete
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