Exmilitares colombianos reconocen que mataron a campesinos y los hicieron pasar por guerrilleros

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza audiencias de reconocimiento de los crímenes conocidos como ‘falsos positivos’. Familiares de las víctimas exigen el nombre de quienes ordenaron las muertes.

BOGOTÁ.- Un grupo de 11 militares colombianos reconoció este 26 de abril su responsabilidad en los llamados ‘falsos positivos‘, uno de los capítulos más negros del conflicto armado, en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que aseguraron que asesinaron a campesinos inocentes.

«Lo reconozco, asesinamos campesinos inocentes«, aseguró frente a múltiples víctimas el suboficial retirado el Ejército Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, que como cabo primero y miembro de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército ejecutó entre 2007 y 2008 a varios jóvenes inocentes y es uno de los imputados del auto emitido por la JEP el pasado 6 de julio.

Gutiérrez fue preciso e insistió en su declaración ante la audiencia de reconocimiento llevada a cabo hoy en Ocaña (Norte de Santander) por la JEP.

«Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente, cobardemente, poniéndolos un arma y diciendo que eran guerrilleros. Y manchando el nombre de esa familia», reconoció.

Esta audiencia de reconocimiento, en la que participaron él y los otros 10 militares y un civil imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad y responsabilizados de al menos 120 asesinatos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, entre 2007 y 2008, es el paso previo a que la JEP proponga las sanciones contra ellos y acordadas con las víctimas.

«Si los comparecientes reconocen verdad completa, detallada y exhaustiva y reconocen su responsabilidad podrán ser elegibles a una sanción que no es privativa de libertad, sino que tiene un componente reparador, restaurador», recordó la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, a la entrada de la audiencia.

Para ello, los imputados tienen que reconocer sus crímenes y aportar verdad que ayude esclarecer los hechos de este «patrón macrocriminal», como lo ha denominado la JEP, en el que miembros del Ejército que actuaron en connivencia con paramilitares asesinaron a por lo menos 6.402 jóvenes inocentes y los presentaron como «bajas en combate» para conseguir premios y reconocimientos.

«Yo asesiné a sus familiares»

Gutiérrez Salazar, quien fue uno de los primeros militares que reconoció su participación en estos crímenes en la justicia ordinaria, se dirigió a Sandra Barbosa, cuya pareja, Javier Peñuela, un campesino del Catatumbo, fue una victima de los ‘falsos positivos’.

Este exmilitar fue quien dio su nombre, un día que Peñuela fue al odontólogo en Ocaña, a un batallón para que se lo llevaran y le pusieran un fusil que ya tenían preparado. Estaba todo planeado, relató el acusado, para matarlo y presentarlo como baja en combate.

«Para la muerte de Javier Peñuela, un campesino (…) maquinamos; hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos», aseguró Gutiérrez, quien repitió, tras el pedido de las víctimas de que limpiaran el buen nombre de sus familiares asesinados, que eran «campesinos, gente inocente».

«Eliceider Peñaranda, trabajador, campesino de la región de El Carmen, engañado, asesinado por nosotros, miembros de la fuerza pública. Diosimiro Chinchilla, Álvaro Chogón, Gerardo Quintero, Eduardo Villegas, Samuel Rincón, Wilfredo Durán, Eber Peña, Wilfredo Quintero, Álvaro Guerrero, Jesús Hermides Quintero… Y hoy el mundo quiero que sepa que eran campesinos y que yo como miembro de la fuerza pública asesiné cobardemente», añadió.

Víctimas piden más

Las víctimas, vestidas con las camisetas negras y el logo que ilustra la pregunta aún sin respuesta de «Quién dio la orden» y que tuvieron la voz antes que sus victimarios, reclamaron que los militares reconocieran sus crímenes y que sus familiares no eran guerrilleros.

«Queremos que hoy ante este público y ante el mundo digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes ni guerrilleros como lo dicen», pedía Eduvina Becerra, una mujer campesina que lleva 14 años pidiendo justicia por el asesinato de su compañero, José Eliécer Ortega.

Pero les reprocharon que lo que han reconocido ante la JEP, «se conocía delante de la Justicia ordinaria», por la que muchos ya han sido condenados, pero de la que han salido para ser juzgados por esta justicia especial.

«¿Si ustedes están aquí comprometidos con la verdad, por qué no hablan de las cabezas, de la estructura criminal, que ustedes actuaron por órdenes de superiores?», les preguntó María Consuelo Daza, maestra rural y hermana de Luis Alfonso Daza, otro de los inocentes ejecutados.

Justamente, Sebastián Escobar, abogado de derechos humanos del Colectivo José Alvear Restrepo, lamentaba ayer que, a pesar de que es positivo que los responsables reconozcan sus crímenes, «la audiencia tal y como está planeada, y su preparación no han sido procesos verdaderamente restaurativos».

«Se indujo a que los encuentros y la audiencia tuvieran entre sus propósitos el perdón y la reconciliación, sin que surgieran estos como necesidades de las víctimas, contrariando el enfoque restaurativo», aseguró el abogado, quien cree que no se propició «un estándar mínimo de reconocimiento».

Las audiencias se extenderán hasta mañana y es la primera de todo el Caso 03, que estudia los ‘falsos positivos‘ y por el que ya se han emitido dos autos (serán al menos seis) que involucran a un total de 26 militares, de los cuales 22 han reconocido su responsabilidad.