La campaña electoral de Colombia registró este miércoles un sacudón a partir de la decisión del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, favorito en los sondeos, de pedirle a la senadora electa Piedad Córdoba que se aparte de las actividades proselitistas hasta que se aclaren las denuncias judiciales en su contra.
De 67 años y figura de la izquierda latinoamericana, Córdoba ganó relevancia por su rol de intermediaria en la liberación de secuestrados de las extintas FARC y fue elegida congresista el pasado 13 de marzo por el Pacto Histórico, la coalición de partidos de izquierda que postula a Petro.
“Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, escribió Petro en su cuenta de la red Twitter.
Según la revista Cambio, citada por la agencia AFP, la decisión se debe a “presuntos contactos no autorizados” de Córdoba con narcotraficantes detenidos y en proceso de extradición.
El medio, que cita fuentes de inteligencia, sostiene que Córdoba visitó a un exjefe de una organización mafiosa de Medellín y a dos miembros del Clan del Golfo, la mayor banda narco del país, para solicitarles su respaldo a Petro.
El senador del Pacto Histórico Roy Barreras –uno de los encargados de negociar con otras fuerzas respaldos para el Pacto- publicó un mensaje en Twitter ajustado a la versión de la revista:
“La campaña deja claro además que NADIE en la campaña está autorizado para hablar con NADIE en NINGUNA CÁRCEL nacional ni extranjera ni en ninguna parte haciendo compromisos a nombre de Gustavo Petro”, aseguró.
Córdoba también es mencionada en una investigación periodística como presunto enlace del presidente Nicolás Maduro con Alex Saab, el empresario colombiano detenido en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y señalado como testaferro del mandatario venezolano.
En febrero de 2022, además, Álvaro Córdoba, su hermano, fue detenido por presuntamente coordinar el tráfico de droga entre una facción guerrillera que siguió en armas y un cartel mexicano.
En 2010, la Procuraduría General dispuso para Córdoba una inhabilitación de 18 años para ejercer cargos públicos por “colaborar y promover a la guerrilla de las FARC”, a partir de información encontrada en la computadora del exjefe insurgente Raúl Reyes, muerto en un operativo realizado del lado ecuatoriano.
Pero la sanción quedó sin efecto en agosto de 2016 cuando el Consejo de Estado advirtió que la cadena de custodia de la computadora de Reyes se había roto y no había garantía de que los archivos fueran verídicos.
La decisión de Petro dejó en segundo plano el rechazo del presidente Iván Duque a los señalamientos de que estaba interviniendo en la campaña electoral, como denunció justamente un sector del Pacto Histórico.
“Pretenden que cuando se le pregunta al presidente sobre temas de interés nacional no se pronuncie, y eso es claramente una violación del derecho constitucional de la libertad de expresión”, afirmó Duque.
Según Radio Caracol, el mandatario negó haber tomado partido de cara a las elecciones en las que se elegirá a su sucesor y remarcó que lo que está haciendo es “cumplir con el plan de gobierno, entregar obras, recorrer el país, y sobre todo, buscar todos los días el bienestar para la población”.
La semana pasada, el senador del Polo Democrático –integrante de la alianza de izquierda- Iván Cepeda denunció a Duque por un presunto delito de injerencia política en los comicios del 29 de mayo.
Según el congresista, el mandatario colombiano hizo pronunciamientos públicos “de manera reiterada” pese a la prohibición constitucional y legal de intervenir en la campaña.
“Hay algunas personas a las que no les gusta que yo me refiera a las tres ‘pes’: la posverdad, el populismo y la polarización”, contraatacó Duque, que dejó en claro que cuando aborda estas cuestiones “no se trata de una declaración directa sobre ningún candidato”.
Duque es del Centro Democrático (CD), fuerza que no tiene candidato para los comicios, y se estima que respaldará al postulante de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.
Petro encabeza las encuestas de intención de voto y suele ser acusado de promover un plan de gobierno comunista, copiado de Venezuela y Cuba y con planes de expropiar propiedades.
Por eso firmó a comienzos de semana una declaración pública en la que se comprometió a no favorecer expropiaciones.
Mientras, su compañera de fórmula, la líder ambientalista Francia Márquez denunció nuevos insultos racistas en su contra y advirtió que “la xenofobia, al igual que otras lacras que arrastra el país, como el patriarcado, mata”.
Desde que se confirmó que sería la segunda de Petro en el binomio, Márquez denunció varias veces amenazas de muerte e insultos racistas.
En esta ocasión, dijo, la llamaron King Kong. “Mientras estaba almorzando recibí una llamada y cuando pregunté ‘¿quién habla?’, me dijeron, ‘¿con quién hablo?’. Dije, ‘¿a quién necesita?’ y me respondieron, ‘a King Kong'”, relató Márquez.
“Por supuesto eso duele, lastima, hiere, porque el racismo mata, así como el patriarcado y el machismo matan en este país”, señaló la dirigente feminista, según el sitio del diario El Tiempo.
Si el Pacto se alza con el triunfo en la primera vuelta o en la segunda, Márquez será la primera mujer negra en ocupar la Vicepresidencia de Colombia.
TELAM
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