El 60% de la deuda pública se ‘cocinó’ en los últimos 8 años

En el último Gobierno de Rafael Correa y la administración de Lenín Moreno se aceleró el endeudamiento del país. 

Sin tomar en cuenta deudas de corto plazo con proveedores, gobiernos locales y otras entidades, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el endeudamiento estatal superó los $67.358 millones, con corte al 31 de enero de 2022.

Alrededor del 60% de esas obligaciones, que se pagan con los impuestos y el esfuerzo de los ciudadanos, tiene como origen el «chuchaqui económico», resultante del despilfarro del segundo boom petrolero ( entre 2007 y 2014).

Fausto Ortiz, exministro de Economía, explicó que, luego de que se agotaron los ingresos extraordinarios del petróleo, la mayor parte de la deuda actual se contrajo en los ocho años previos al actual Gobierno, es decir, durante el última administración de Rafael Correa y el único periodo de Lenín Moreno.

Ente 2013 y 2020, el déficit fiscal promedió los $5.000 millones al año. Esto representó más de $40.000 millones en nueva deuda solo para tapar el hueco de un Presupuesto General del Estado (PGE) con cada vez menos ingresos y cada vez más gastos.

Lo peor de este escenario ya complejo es que alrededor tercio de ese endeudamiento, o más de $14.500 millones, se fue compensar las pérdidas provocadas por importar combustibles y venderlos a precios subsidiados en el mercado local. Ese valor no toma en cuenta lo que se pierde por la producción de mala calidad en las tres refinerías nacionales.

Así, nos endeudamos, y seguimos pagando miles de millones anuales, por mantener un ineficiente sistema petrolero, en lugar de invertir más en sectores prioritarios como salud y educación.

No aprendemos de los errores

El Gobierno de Guillermo Lasso proyectó un déficit de $3.767 millones hasta final de 2022. Con la recaudación extraordinaria de la reforma tributaria, ese déficit podría bajar a $2.500 millones.

Si el precio del barril de crudo ecuatoriano promedia entre $80 y $83 hasta final de año (más de $90 para el WTI), los ingresos adicionales para el fisco podría ser de $1.000 millones. Esto quiere decir que, en el mejor de los casos, el déficit fiscal del país podría caer hasta los $1.500 millones.

Sin embargo, las intenciones de la Asamblea de derogar la reforma tributaria y la reciente aprobación del aumento salarial al magisterio, podría ‘comerse de un solo plumazo’ todos los ingresos extras para 2022.

Para reducir ese impacto, el actual Gobierno ha anunciado que los mayores sueldos para docentes se irán pagando de manera paulatina, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

A pesar de esta medida, Ortiz consideró que las presiones políticas y sociales para gastarse la «nueva bonanza» siguen latentes y en aumento, lo que podría provocar que se vuelva a desperdiciar otra oportunidad para tener unas cuentas fiscales más acordes con la realidad del país.

No solo que los sectores exportadores golpeados por la guerra entre Rusia y Ucrania piden ayudas; sino que el malgasto de los dos gobiernos anteriores han dejado falencias en el sistema vial y de salud. Esas falencias obligan a mayores gastos de emergencia, los cuales no están dentro del presupuesto para este año.