Asesinan a un líder indígena y a un firmante de paz en Colombia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz denunció el asesinato de Carlos Fernando Ramos, firmante de Paz, y del líder social y defensor de los derechos humanos, Luis Chamapuro Quiro en los departamentos de Amazonas y Chocó, respectivamente.

Luis Chapuro era un reconocido indígena del pueblo Wounaan, comunidad indígena Unión del municipio de Medio San Juan en el departamento de Chocó.

Fue secuestrado el pasado 3 de febrero cerca de las 18H30 (hora local), cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le pidió dinero para transitar la zona. Según reseña Indepaz, la comunidad dice que los paramilitares no permiten el tránsito por el río San Juan después de las 18H00 horas.

Este 9 de febrero se encontró el cuerpo de Chapuro, con quien se contabilizan 21 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2022, que hacen 1.307 desde la firma del Acuerdo de Paz.

Carlos Fernando Ramos era firmante del Acuerdo y estaba asignado al Grupo Territorial Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) Bogotá, como adelanto de su reincorporación en Leticia, Amazonas. Además, era miembro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Oscar Mondragón.

Con él van cuatro firmantes de paz asesinados en 2022 de un total de 303 desde la firma del Acuerdo. Ramos fue asesinado por sicarios, quienes le dispararon mientras viajaba en su motocicleta por la vía pública.

Según Indepaz, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 020/21 para los municipios de Itsmina y Medio San Juan, donde se ha denunciado alta probabilidad de desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, homicidios, entre otros actos lesivos contra habitantes de la zona, en especial las comunidades afros e indígenas.

Asimismo, emitió la Alerta Temprana 002/21 para El Encanto, La Chorrera, Leticia, Puerto Alegría, Peurto Arica, Puerto Nariño, Tarapacá en Amazonas, donde advierte de dispositivos de control impuestos por los actores armados ilegales en términos de señalamientos contra líderes y autoridades étnicas que transgreden lo que ellos llaman el “cósdigo de conducta”.

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