El oficial Estiben José Zárate Zoto y el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía deberán cumplir 30 años de prisión.
Dos militares de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB, Policía militarizada) fueron condenados por los delitos de tortura y homicidio del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien estaba preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), informó este viernes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Tribunal 12 de Juicio del Circuito Judicial de Caracas condenó al oficial Estiben José Zárate Zoto y al teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía a 30 años de prisión, ambos adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), detalló el TSJ en un comunicado.
La ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos, que representó a la familia del capitán de las Fuerzas Armadas Acosta Arévalo, indicó en su cuenta de Twitter que solicitó al tribunal que se investigue a la línea de mando.
La muerte de Acosta Arévalo despertó la indignación en Venezuela porque, según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante un tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.
La prensa venezolana informó que el capitán fue detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios de la Dgcim sin que se indicaran entonces los motivos.
El 23 de octubre de 2020, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que el 28 de junio de 2019, Acosta Arévalo cayó en “un estado grave de salud” mientras “se llevaba a cabo una audiencia de presentación de cargos” en el cuartel de Fuerte Tiuna de Caracas.
Posteriormente, fue traslado a un hospital militar, donde falleció. Tras su muerte, según los detalles facilitados por Saab, “se hicieron investigaciones de rigor” y fueron detenidos los dos militares.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el régimen, que firmó conjuntamente con Nicolás Maduro.
Las pesquisas del tribunal con sede en La Haya abordan supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas contra miembros de la oposición en manifestaciones y en cárceles desde abril de 2017.
El pasado 20 de enero, la CPI extendió por tres meses, hasta el 16 de abril, el plazo para que las autoridades de Venezuela presenten su informe acerca de las investigaciones puestas en marcha sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
“En espíritu de cooperación, diálogo y equidad, el fiscal acordó conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022, para informar a la corte sobre su investigación en base al artículo 18(2)”, dado que este plazo expiró el 16 de enero, indicó la CPI en un documento publicado en su página web.
El artículo 18, numeral 2, establece que, tras la apertura de una investigación formal, el Estado puede informar que está llevando a cabo una investigación de casos que puedan constituir crímenes de la competencia de la CPI, como los de lesa humanidad.
(Con información de EFE)
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