SET alerta que nueva ley fronteriza vulnera equidad y libre competencia

El análisis hecho por el Departamento de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias concluye que el planteamiento que aguarda turno en Senado es inviable, porque colisiona con regulaciones y disposiciones legales en vigencia.

En ese sentido, el dictamen señala que los artículos 4 y 6, que establecen los bienes no sujetos a impuestos y las empresas habilitadas a operar, vulneran los principios de legalidad y de igualdad tributaria, pero además impiden y restringen la libre competencia entre empresas que se dedican a la misma actividad económica.

Asimismo, considera que el planteamiento es poco claro en cuanto a las autorizaciones para operar y en las sanciones que pueden terminar con una suspensión y revocación de la habilitación (ver la infografía).

La Administración Impositiva reconoce que el comercio fronterizo fue uno de los más golpeados por la pandemia, pero cree inoportuno crear diferenciación entre contribuyentes. Recuerda que se encuentran vigentes facilidades tributarias para este sector, como las disminuciones a pisos históricos del impuesto selectivo al consumo (ISC) y del impuesto al valor agregado (IVA), las que están vigentes hasta marzo.

La SET ya le había bajo el pulgar en mayo del año pasado al pedido hecho por los comerciantes de frontera al Ejecutivo, para bajar las tasas de los impuestos en zonas limítrofes con Brasil, de modo a generar competitividad. En esa ocasión, la entidad subrayó que sería un error crear privilegios para un solo sector, en una país que de por sí ya cuenta con baja carga.

Disputa. El proyecto de ley que crearía un nuevo régimen fronterizo es motivo de fricciones entre gremios como la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el CIP.

Los primeros señalan que esta iniciativa distorsionará la economía formal y tendrá consecuencias negativas locales.

Además, alertaron que podría generar la caída de la inversión industrial y el daño a la producción industrial paraguaya, el aumento de impuestos y el no respeto a las marcas legal y formalmente constituidas, entre otros.

El CIP, por su parte, afirmó que este proyecto ayudará a paliar el mal momento que está pasando la frontera y rechazó que se quieran eliminar controles de Dinavisa y del INÁN.

Refirió que la reducción del arancel pretende recuperar competitividad en la frontera y va a beneficiar a cualquier importador.