El 22 de enero de 1987, el tesorero del Estado de Pensilvania, llamó a una conferencia de prensa. Estaba procesado por recibir un soborno y sabía que al día siguiente lo declararían culpable. Ante las cámaras de televisión proclamó su inocencia una vez más y se pegó un tiro. Dos décadas más tarde, un testigo dijo que había mentido.
El 22 de enero de 1987 una feroz tormenta de nieve se descargó sobre gran parte del Estado de Pensilvania. Las escuelas y las universidades suspendieron sus clases y, salvo los trabajadores de servicios esenciales, la gente se quedó en sus casas. Por esa razón, a la tarde familias enteras estaban frente a los televisores y presenciaron el hecho, transmitido en vivo y en directo.
El tesorero del Estado, Robert “Budd” Dwyer había convocado a una conferencia de prensa en Harrisburg para hablar sobre el juicio por corrupción que enfrentaba y cuya sentencia se conocería al día siguiente. Se lo acusaba de recibir sobornos de una empresa a la que había adjudicado la tarea de devolver a la población impuestos mal cobrados.
Dwyer, de 47 años, casado y con dos hijos pequeños, venía proclamando a los cuatro vientos su inocencia. Su buen nombre y honor eran para él y su familia lo más importante, insistía cada vez que hablaba del tema. Por eso, explicaba una y otra vez, no había aceptado una propuesta de la fiscalía de recibir una pena leve si se declaraba culpable.
La conferencia de prensa transcurría con normalidad. Dwyer empezó leyendo un texto que había llevado escrito y, cuando terminó, entregó tres sobres a otros tantos colaboradores. Luego tomó otro sobre – abultado, de papel madera–, sacó de su interior un revólver Magnum .357 y lo empuñó apuntando hacia el techo.
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Mientras las cámaras seguían enfocando a Dwyer, un murmullo creció en la sala de prensa.
-Por favor, abandonen la sala si esto los agravia – dijo Budd, con el revólver apuntando al techo.
-¡Budd, Budd! – se escuchó gritar.
-Retrocedan, o esta cosa lastimará a alguien – dijo Dwyer.
Fueron sus últimas palabras antes de apretar el gatillo. Murió en el acto.
Una acusación grave
Robert Dwyer nació en Saint Charles, Missouri, pero hizo toda su carrera política en el Estado de Pensilvania. A los 47 años había pasado por la Cámara de Representantes y cumplido tres períodos como senador estatal antes de ser nombrado Tesorero del Estado, la máxima autoridad en el área de recaudación de impuestos.
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Estaba en el cargo desde 1980 y bajo su administración se habían cometido serios errores al calcular el pago de impuestos de los empleados estatales. Como consecuencia, durante años habían pagado de más y el Estado había recaudado indebidamente más de cien millones de dólares.
Para resolver el problema, el Estado llamó a una licitación de empresas de contabilidad para seleccionar a la que se encargaría de calcular y reembolsar a los trabajadores las sobretasas que se les habían cobrado.
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Resultó ganadora una empresa radicada en California, Computer Technology Associates (CTA), propiedad de John Torquato, Jr. Por el trabajo, la firma cobraría 4.6 millones de dólares.
Poco después de la licitación, el entonces gobernador de Pensilvania, Dick Thornburgh, recibió una carta anónima en la que se denunciaba el pago de sobornos por parte de CTA para que le fuera adjudicado el contrato.
La fiscalía acusó al propietario de CTA, a su abogado, William T. Smith, y a la esposa de éste por delitos de soborno de funcionarios públicos. Pero la mayor preocupación de los fiscales era determinar quiénes habían sido sobornados, por lo que ofrecieron a Torquato y sus cómplices un acuerdo: si revelaban la identidad de esos funcionarios, recibirían penas mucho más leves. Los tres dijeron que le habían pagado a Budd Dwyer 300.000 dólares para que influyera a favor de CTA en la adjudicación del contrato.
El juicio
En 1986, Dwyer fue acusado formalmente de recibir sobornos, fraude fiscal, asociación ilícita y de formar parte del crimen organizado.
La fiscalía, convencida de su culpabilidad, le hizo una oferta para evitar el juicio. Si se declaraba culpable, debería pagar una multa de 300.000 dólares y recibiría una condena de cinco años de prisión, de los cuales pasaría entre rejas menos de la mitad. En cambio, si negaba los cargos, los fiscales pedirían una pena de 55 años de prisión.
A pesar del riesgo de pasar el resto de su vida en la cárcel, Budd Dwyer rechazó la propuesta y decidió ir a juicio. Se mantuvo siempre firme en su postura: negó haber recibido un solo dólar y, además, la licitación no la había adjudicado él sino un grupo de trabajo formado por funcionarios del Estado.
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El juicio se inició en diciembre de 1986 y, convocados como testigos por la fiscalía, Torquato, el abogado Smith y su mujer señalar a Dwyer –que durante el proceso, dada la presunción de inocencia, continuaba en su cargo- como el único funcionario al que habían sobornado para obtener el contrato.
Terminados el proceso y los alegatos, el juez Malcom Muir anunció que daría a conocer la sentencia el 23 de enero de 1987.
Sin embargo, la noche del 21 de enero alguien le avisó a Budd Dwyer que la decisión ya estaba tomada: sería declarado culpable de todos los cargos y condenado a 55 años de cárcel.
La última conferencia
La mañana del 22 de enero, Dwyer convocó a una conferencia de prensa para esa misma tarde. En el anuncio decía que el tesorero del Estado haría “una actualización sobre la situación” judicial.
Pese a la tormenta de nieve que azotaba a la ciudad de Harrisburg, la concurrencia de periodistas fue masiva. Muchos pensaban que renunciaría públicamente a su cargo.
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Budd Dwyer entró agitado a la sala. Llevaba en sus manos cuatro sobres –tres blancos y delgados, uno abultado de color madera– y una hoja de papel escrita a máquina. De pie, frente a las cámaras de televisión, leyó el texto:
“Agradezco a Dios por haberme dado 47 años de apasionantes retos, vivencias estimulantes, muchas ocasiones felices, y sobre todo, la excelente esposa e hijos que cualquier hombre pudiese desear.
“Ahora mi vida ha cambiado, sin razón aparente. Las personas que me han llamado y escrito están molestas y se sienten impotentes. Ellos saben que soy inocente y desean ayudar. Pero en esta nación, la más grande democracia del mundo, no hay nada que puedan hacer para prevenir que me castiguen por un crimen que no he cometido.
“El juez Muir es conocido por sus sentencias medievales. Me enfrentó a una sentencia máxima de 55 años en prisión y una multa de 300 000 dólares por ser inocente. El juez Muir dijo a la prensa ‘me sentí revigorizado’, cuando me consideraron culpable y que planea encarcelarme como un desestímulo hacia otros funcionarios públicos. Pero no seré un factor disuasivo porque cada funcionario público que me conoce sabe que soy inocente; no será un castigo legítimo porque no he hecho nada malo. Ya que soy víctima de una persecución política, mi prisión simplemente será un gulag americano.
“Pido a aquellos que creen en mí, que continúen manteniendo la amistad y recen por mi familia, para trabajar incansablemente por la creación de un genuino sistema de justicia en los Estados Unidos, y proseguir con los esfuerzos de exonerarme, para que mi familia y su futura parentela no sean manchados por esta injusticia que ha sido perpetrada contra mi persona.
“Confiamos que la razón y la verdad se impondrán y seré absuelto dedicando el resto de nuestras vidas en crear un sistema de justicia aquí en los Estados Unidos. El veredicto de culpable ha fortalecido esa decisión”.
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Cuando terminó de leer, entregó los tres sobres blancos a sus colaboradores, extrajo el revólver Magnum .357 del sobre de papel madera y se disparó.
Uno de los sobres blancos contenía una carta de despedida para Joanne, su esposa; el segundo, una cédula de donación de órganos; la tercera carta iba dirigida al nuevo gobernador de Pensilvania, Bob Casey, que había asumido el cargo dos días antes. En ella, Budd Dwyer proclamaba nuevamente su inocencia y denunciaba al sistema judicial que lo había condenado “injustamente”.
“Un hombre honesto”
Durante casi 23 años Roberto Budd Dwyer quedó en la historia política estadounidense como un funcionario corrupto que había decidido suicidarse en público.
En octubre de 2010, el estreno del documental Honest Man: The Life of R. Budd Dwyer, del director James Dirschberger, cambió esa visión de los hechos.
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Entrevistado para la película, el abogado de CTA William T. Smith, que fue el último de los “arrepentidos” en testificar contra Dwyer en el juicio, confesó que se sentía culpable por su suicidio:
“Di falso testimonio bajo juramente durante el juicio de 1986, por lo tanto, me atribuyo el suicidio y la muerte de Budd Dwyer”, dijo.
INFOBAE
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Una triste historia vi estas imágenes en 1989 en una cinta trazos de la muerte, hasta entonces todos pensaban que el era culpable. Este infeliz que hizo las declaraciones falsas deberían pasar el resto de sus vidas en la cárcel.