Los diputados Kattya González y Édgar Acosta promovieron este lunes un amparo constitucional contra Itaipú para que brinde información sobre la adjudicación de contratos de asesoramiento externo por un monto de USD 400.000.
Un amparo constitucional contra la Entidad Binacional Itaipú fue promovido por los diputados Kattya González y Édgar Acosta este lunes por la supuesta violación de la ley 5282/14, “de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.
La acción se da tras la negativa de las autoridades de la binacional a brindar información sobre la adjudicación de contratos de asesoramiento externo por un monto de USD 400.000.
“La respuesta de la Itaipú fue realmente insultante. Ellos hablan de que no son sujetos obligados de la ley de información pública y que no le responden al Estado paraguayo y que la documentación que hay en Itaipú no es de interés de terceros”, explicó la diputada Kattya González a Última Hora.
La legisladora aseguró que más que conocer sobre el detalle que hace a todos los contratos adjudicados por la hidroeléctrica, el amparo es contra la manera en la cual se manifiesta la Itaipú, de cara a las negociaciones del Anexo C. “No podemos dejar que se consolide este precedente”, señaló.
“No podemos dejar este precedente y que ellos digan ‘yo soy soberano, no me debo a nadie’. A pesar de que el propio director es designado por el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado, es un funcionario público y las leyes domésticas se aplican cotidianamente a las demandas laborales, civiles y ambientales de la Itaipú. Ellos realizan actos contractuales en Paraguay sin autorización del Brasil”, sostuvo.
La diputada agregó que atenta contra el derecho humano fundamental y una garantía constitucional contenida en los artículos 28 y 38 de la carta magna.
El pedido de informe fue impulsado a inicios de enero, a fin de conocer los procedimientos por los que se adjudicaron los mencionados contratos de asesoría externa.
Al respecto, indicó que la ley de acceso a la información pública establece una obligación a los directores, consejeros y autoridades de Itaipú, de informar sobre los datos que sean requeridos.
En el documento, los congresistas sostienen que es falso de toda falsedad que la Itaipú o algún otro funcionario puedan crear actos propios independientes de la voluntad de los estados contratantes.
“Itaipú no es una República independiente, es una entidad binacional, donde las altas partes contratantes son designadas por cada gobierno”, insiste.
UH
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