Tanto el papa Francisco como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz abogaron por una flexibilización en las condiciones de los organismos crediticios. También un grupo de legisladores demócratas pidió un alivio en los sobrecargos, una idea que viene impulsando el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán.
El planteo de Argentina al FMI para reprogramar los pagos de su deuda mientras adopta un sendero fiscal progresivo que proteja el crecimiento resuena en un mundo en el que se suman voces en apoyo de ese tipo de argumentos, un debate reforzado por la necesidad de sostener la recuperación económica tras la pandemia y que desde 2021 encontró en esas posturas al papa Francisco, a congresales de EEUU y al Premio Nobel Joseph Stiglitz.
Los pronunciamientos más recientes, que incluyen algunas de esas opiniones, promueven que los organismos financieros internacionales revisen sus clásicas exigencias de reducción del déficit para proteger el nivel de actividad, o instan a flexibilizar los sobrecargos, las tasas de interés diferenciales que entidades como el FMI aplican a los países más endeudados, con la Argentina como uno de los casos emblemáticos.
Con el país en el tramo definitorio de la pulseada con el Fondo, esta semana volvió a mencionarse la carta que Francisco le envió en abril a los participantes de las reuniones de primavera (en el hemisferio norte) del FMI y el Banco Mundial, en la que manifestó su deseo de que los debates internos de esas instituciones contribuyeran a gestar “un modelo de recuperación capaz de generar soluciones nuevas, más inclusivas y sostenibles para apoyar a la economía real”.
En otro párrafo representativo de aquel documento, el Pontífice planteó que la reducción de la carga de la deuda en las naciones más pobres sería “un gesto profundamente humano que puede ayudar a las personas a desarrollarse, a tener acceso a las vacunas, a la salud, a la educación y al empleo”, el mismo paradigma que subyace en la última intervención de Stiglitz en el debate público, que dedicó no casualmente a la Argentina.
En una columna publicada el lunes pasado, el economista estadounidense le pidió al FMI que no “invierta el rumbo” del país “con anticuados requisitos de austeridad” y advirtió que las consecuencias de forzar a la Argentina a realizar un ajuste fiscal para disminuir el déficit con un recorte de shock “serían graves” incluso para el propio Fondo, al aludir a la renegociación pendiente por la deuda de U$S 45.000 millones con el organismo.
Estos posicionamientos se sumaron al pedido de alivio en los sobrecargos que quince congresales del Partido Demócrata encabezados por la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez le dirigieron por carta a la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, y fueron leídos con especial interés en la Argentina, con el Gobierno del Frente de Todos urgido por el cronograma de vencimientos con el FMI y las tratativas en un momento de cierta tensión.
La sucesión de planteos que piden flexibilizar transitoriamente los preceptos de reducción inmediata del déficit para los países emergentes y endeudados fue tomada como un respaldo implícito por quienes sostienen, como el vicepresidente del Parlasur Oscar Laborde (FdT), que con motivo de la pandemia el Fondo “tiene que revisar esa posición tan drástica que ha tomado siempre y que condiciona a los países”.
“La carta del Papa Francisco al FMI pidiéndole que se reduzca la deuda de los países pobres es importante para la negociación, pero también por el criterio que defiende nuestro Gobierno, que se viene ampliando. Ya el foro del G-24, que reúne a los países en desarrollo, había expresado que el FMI no puede trabajar con sobretasas y que los derechos especiales de giro (DEG) no deberían ser simétricos al porcentaje que tiene cada país tiene en el organismo”, dijo Laborde a Télam.
El parlamentario del Mercosur recordó que esa propuesta sobre los DEG se aprobó en la reunión de ministros y presidentes de Banco Centrales del G-20 que sesionó durante la cumbre de octubre de ese foro en Roma, donde también se pidió que el Fondo revise su política de sobrecargos, aunque el board del organismo, en el que EEUU es accionista mayoritario, no se hizo eco de esos pedidos.
“La carta de los congresistas a la secretaría del Tesoro norteamericana para la reducción de tasas y lo que dijo el propio Stiglitz, con la idea de que no se puede seguir hostigando a los países que hacen un esfuerzo por desarrollarse, como también la carta del Papa, van sembrando una opinión generalizada de que el Fondo no puede seguir moviéndose con las mismas condiciones”, evaluó Laborde en declaraciones a esta agencia.
Pronunciamientos internacionales de ese tipo abren algún grado de expectativa, pero con realismo y sin ilusiones excesivas, entre quienes comparten la posición actual de la Argentina en la negociación por el salvataje de emergencia que el Fondo le concedió en 2018 a la gestión de Mauricio Macri, en el sentido de que el país necesita sostener el crecimiento económico de 2021 tras los efectos de la pandemia de 2020 (el PBI se desplomó 9,9%, según el Indec).
Esa tesis, que consiste en que la búsqueda del equilibrio fiscal sea lo suficientemente progresiva como para permitir la continuidad de algunas políticas estatales de estímulo, es la que defienden economistas como Hernán Letcher y Agustín D’Atellis, quienes en diálogo con Télam recordaron que ante la irrupción del coronavirus “todos los países hicieron política fiscal (de expansión del gasto) y la hicieron de manera muy pronunciada”.
“El mundo está discutiendo cómo se sale de la pandemia y estos debates encuentran a la Argentina otra vez en el foco de los casos testigos: así como hizo en su momento la quita más grande de la historia y luego fue a las Naciones Unidas para impulsar un nuevo ordenamiento para las reestructuraciones de deuda, ahora el problema es el endeudamiento récord que dejó Macri”, describió Letcher a modo de contexto.
Para Letcher, las declaraciones de Ocasio-Cortez o Stiglitz exponen la actualidad del debate sobre la pandemia y la política fiscal, una discusión planetaria que -marcó- incluye paradojas como que “el Fondo emita derechos especiales de giro, los DEG, y los reparta a lo largo y ancho del mundo, para que los países puedan usarlo para atender la problemática de la pandemia, y la Argentina, por su situación, tuvo que usar sus DEG para pagarle al propio FMI”.
“Eso es una contradicción, porque si me querés ayudar dejá que use los DEG para reactivar la economía”, observó el titular del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), y puso como ejemplo esa situación para concluir que “más allá de lo discursivo, el Fondo sigue siendo el mismo Fondo, te pide las mismas cosas y te exige del mismo modo, por lo que no se puede esperar que revise sus prácticas históricas”.
Una percepción similar esbozó D’Attelis, quien manifestó estar “completamente de acuerdo” con “las diferentes voces, tanto de la política como de economistas de renombre mundial, o lo mismo desde el Vaticano, que proponen ir hacia una política económica más humanista que atienda el impacto de la pandemia”, aunque advirtió que él “es un poquito escéptico” sobre la posibilidad de que “vaya a ocurrir ese giro a nivel mundial”.
“Lamentablemente tengo que ser pragmático y debo decir que esos pronunciamientos me recuerdan mucho a la post-crisis financiera internacional de 2008/2009, cuando el mundo empezó a discutir nuevamente las reglas de la supuesta nueva arquitectura financiera internacional, se rediscutió el rol de los organismos, el poder que iban a tener los países emergentes y el propio FMI estuvo en discusión, pero la verdad es que todo quedó absolutamente en la nada”, repasó D’Attelis en diálogo con Télam.
Para la Argentina, el debate sobre la conveniencia de inyectar fondos con medidas contracíclicas, que coincide con un alza de la inflación en todo el mundo, impacta en la recta final de la tensa negociación con el Fondo, justo cuando acaba de instalarse en el país el nuevo representante permanente del organismo, el británico Ben Kelmanson.
TELAM
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