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La medida obliga a las farmacias a exhibir su lista de precios de medicamentos con topes máximos, abreviar procedimientos para acelerar la atención médica e incrementar la contratación de personal y servicios para afrontar la pandemia.

El gobierno de Bolivia declaró este jueves la emergencia sanitaria luego de que en menos de una semana casi se quintuplicaron los casos diarios de COVID-19, pese a que aún no se ha registrado la variante ómicron en el país.

En los últimos cinco días los nuevos contagios diarios se incrementaron de 1.355 a 6.149, el doble del pico más alto reportado el 10 de junio, según el Ministerio de Salud. Hasta ahora las autoridades no han reportado la presencia de la variante ómicron en el país.

La región más golpeada -y también la más poblada- es Santa Cruz, en el oriente, que concentra el 71% de los nuevos casos del país.

La emergencia sanitaria nacional obliga a las farmacias a exhibir su lista de precios de medicamentos con topes máximos, abreviar procedimientos para acelerar la atención médica e incrementar la contratación de personal y servicios para afrontar la pandemia.

Un “relajamiento de las medidas de bioseguridad” y un embate fuerte de la “cuarta ola” son las razones del incremento, según el ministro de Salud, Jeyson Auza. Las autoridades sanitarias han reportado una saturación de los servicios médicos, incluidas las unidades de terapia intensiva, y los alcaldes de varias ciudades cancelaron las celebraciones de Año Nuevo.

Aunque es obligatorio el uso de tapabocas y mantener el distanciamiento social en lugares públicos, en las últimas semanas esas medidas se han relajado al punto que todas las actividades son normales, incluso las protestas callejeras que congregan multitudes. Una de las más multitudinarias fue convocada en apoyo al gobierno y encabezada por el propio presidente Luis Arce el 29 de noviembre.

“Un dato esperanzador es que la letalidad no alcanza al 1%, pero eso no debe crear un espejismo de falsa seguridad”, dijo Auza en rueda de prensa.

Un grupo de personas espera en fila para recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en El Alto (REUTERS/Claudia Morales)
Un grupo de personas espera en fila para recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en El Alto (REUTERS/Claudia Morales)

Arce emitió un decreto la semana pasada que obliga a las personas a exhibir un certificado de vacunación antes de ingresar a lugares públicos desde el 1 de enero pero sólo un 38% de la población está completamente vacunada, según el sitio web de investigación en línea Our World in Data.

Con 11,5 millones de habitantes, el país ha registrado más de 591.700 infecciones y 16.650 muertes desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

(Por Carlos Valdez – AP)


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