Impulsan ley especial para enfrentar al contrabando

La reunión fue presidida por la senadora Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión Permanente, y estuvieron presentes representantes de la Unidad Interinstitucional Anticontrabando (UIC), la Armada, los ministerios de Industria y Comercio y de Trabajo, la Subsecretaría de Tributación, Aduanas, la Policía Nacional y los presidentes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).

Samaniego recordó que el lunes tuvieron una primera reunión con el presidente Mario Abdo Benítez y en la de ayer propuso buscar endurecer las penas para las personas que comercializan productos ilegales.

Apuntó que la idea es buscar una ley moderna, dura y que aumente las penas para los que se dedican al contrabando y no haya dudas a la hora de que sean aplicadas. Agregó que escucharon las posturas de todos los presentes.

Sobre la propuesta concreta a desarrollar, la parlamentaria dijo que se buscará una ley que sea concreta en la sanción, por ejemplo, a locales que comercialicen con productos ilegales para que directamente sean cerrados y ya no puedan volver a operar. “También para que vayan presos los que reinciden en el comercio de productos ilegales y que sigan andando libremente por las calles”, recalcó. Precisó que lo que se busca es una ley específica para que no haya dudas sobre las sanciones a las personas que están cometiendo el delito de contrabando.

Durante las exposiciones, el comisario Carlos Duré, asesor jurídico de la Comandancia de la Policía Nacional, citó varias debilidades legales y de posibilidad de acciones efectivas que se tienen para enfrentar con mejores resultados al contrabando. Indicó que las acciones de cada institución en forma independiente son débiles y todo debe hacerse en forma conjunta.

El titular de la SET, Óscar Orué, dijo que ya están trabajando en un proyecto de formalización que estarán compartiendo en breve. Indicó que el objetivo “es formalizar y tener la trazabilidad de las compras de los productos, a través de la factura electrónica que en este 2022 vamos a poder implementar”.

CONSENSO. El titular de la UIP, Enrique Duarte, señaló que estuvieron analizando y llegaron al consenso de que lo más conveniente sería trabajar sobre una ley especial específica que, incluso, esté por encima de las cartas orgánicas de las instituciones para ejercer una lucha frontal contra el contrabando.

Destacó la importancia de que desde la Comisión Permanente del Congreso se impulse esta ley y la formalización. “Esto nos satisface y genera situaciones donde tenemos que poner mayor inteligencia a todo esto para poder generar un marco legal claro y luchemos contra este flagelo”, acotó.

Indicó que la legislación nueva deberá tener penas muy duras y se debe tratar de evitar que tenga flancos que puedan ser atacados de inconstitucionales. “Vamos a cuidar todos los flancos y hacer las cosas bien”, recalcó.

El presidente de la Capasu, Alberto Sborovsky, sostuvo que hay legislaciones comparadas que se pueden aplicar. Comentó que en Estados Unidos está la ley Rico, que identificó a 37 delitos y tienen tratamiento mucho más rápido. Sostuvo que ahora se tiene la posibilidad de que la persona imputada por contrabando, automáticamente vaya de la mano de lavado de dinero.

UH