17 sentenciados por el caso Sobornos incumplen el pago de la indemnización

Laura Terán, asistente de Pamela Martínez, ya salió en libertad. Su abogado indicó que no puede pagar la indemnización porque su sueldo se lo impide.

Solo tres de los 20 sentenciados por corrupción en el caso Sobornos 2012-2016 han cumplido con los pagos ordenados por la justicia ecuatoriana como parte de la sentencia. El monto total que ha logrado recuperar la Procuraduría General del Estado es de apenas $1,9 millones de un total de $14,7 millones. Es decir, solo se ha recaudado el 13%.

Era septiembre de 2020 y 20 personas fueron sentenciadas en última instancia por cohecho. En el grupo estaban el expresidente de la República, Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas, ex ministros, funcionarios y empresarios.

Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dispuso el pago como medida de reparación al Estado. Los autores y coautores del delito debían pagar, cada uno,  $778.224, mientras que los cómplices $368.632.

Más de dos años después, solo tres empresarios han cumplido con esta parte de la sentencia, según con información proporcionada por la Procuraduría:

Víctor Fontana con $ 778.224

Teodoro Calle con $ 778.224

Alberto Hidalgo con $368 632

Todavía falta por recaudar $12,8 millones de otras 17 personas no han cumplido con el pago de las indemnizaciones. Este Diario buscó conversar con el actual asambleísta Fausto Jarrín, quien defendió a Correa en el caso Sobornos. El objetivo era conocer si el ex mandatario, quien actualmente está prófugo de la justicia, está dispuesto a pagar el monto que le corresponde. No hubo respuesta.

Dentro del listado de personas que faltan por pagar las indemnizaciones se encuentra la ex ministra de Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte. Su abogado, Diego Correa, informó que el Estado “tendrá que agotar todos los medios” para cobrar. Eso implica acciones administrativas desde la Procuraduría.

Salió de prisión, pero sin pagar indemnización

Laura Terán, quien fue asistente de Pamela Martínez, ex asesora de Correa, ya salió de la cárcel. Ella cumplió siete meses de prisión como cómplice en este entramado de corrupción. No ha pagado los $368 632 que le corresponden. Su abogado Luis Muñoz habló ayer con LA HORA. Indicó que “no ha podido cancelar, porque su sueldo le impide”. Gana cerca de $400 como secretaria. “Eso fue parte de nuestra argumentación respecto de la reparación integral que se le fijó. A ella también le congelaron todas las cuentas”, contó el representante de Terán.

El abogado indicó que en este caso y en el del resto de sentenciados el pago dependerá de las acciones que realice la Procuraduría. “Esto puede durar años y durante ese tiempo puede declararse la insolvencia a todos, incluso a Laura. Se trató de llegar a una fórmula de pago, pero cómo se puede lograr determinar que pague todo si ella gana 400 mensuales”.

 La Procuraduría embargó las cuentas

Las cuentas bancarias de 17 sentenciados por cohecho fueron embargadas por la Procuraduría desde el 12 de noviembre último. La entidad confirmó ayer que hace un barrido para conocer el saldo. Esta acción se ejecutó meses después luego de que lo dispusiera el Tribunal de Ejecución de la sentencia conformado por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Luis Rojas.

La idea es que el dinero de las cuentas de los sentenciados se transfiera a la cuenta de la Judicatura. Posteriormente deberán ser remitidos a la cuenta del Tesoro Nacional. Hasta ayer la Procuraduría no indicó cuánto ha sido recuperado tras el embargo.

Además, la Procuraduría ya solicitó al mismo Tribunal de Ejecución que disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de los 17 condenados.  En caso de que no cumplan con los pagos, se puede declarar la insolvencia.

“Para impulsar estos procesos, en agosto del 2020, la Procuraduría conformó la Unidad de Recuperación de Activos cuyo objetivo es ejercer el patrocinio de Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en los casos penales por corrupción que involucran a ex servidores públicos”, indicó esa entidad.

Millones deben recuperar el Estado en otros casos

Los casos de corrupción demoran en procesarse. El cobro avanza lentamente.

En el caso de María Sol Larrea, en el que se debe recuperar $ 3,6 millones por diferentes expedientes, solo se ha recaudado medio millón de dólares tras la incautación de joyas y el 50% de derechos y acciones de un departamento en el sector de Quito Tenis, ocho terrenos ubicados en el cantón El Empalme y un consultorio en Quito.

En otro caso, el de Petroecuador, se debe recuperar $12,6 millones y la Procuraduría ha obtenido $120.000 por bienes de Alex Bravo, ex gerente de la estatal petrolera, en Quito y Esmeraldas. Ahí constan, por ejemplo, el 50% de derechos y acciones de una vivienda de dos pisos en el barrio La Concordia de la parroquia Simón Plata de la provincia verde.