Ecuador pierde económica y ambientalmente con la minería ilegal

Sin embargo, la respuesta tenía un amplio componente de negligencia, deficientes controles e incluso complicidad con las mafias.

Esta situación, de acuerdo con Tomás Bermúdez, ingeniero en minas y economista, sigue siendo la misma, e incluso peor.

“La crisis en Zaruma resume la mala gestión desde el Estado. Se esperó hasta que un nuevo socavón derrumbara casas y otra infraestructura para hacer controles de la explotación minera ilegal en la zona. Esa actividad mueve millones al año y es un buen negocio para políticos, dirigentes sociales, entre otros, a costa de la necesidad de la gente”, dijo.

Hace seis años, un informe de las Naciones Unidas ya establecía que, en Colombia y Perú, la minería ilegal movía casi $3.000 millones anuales en cada una de las economías.

En el caso de Ecuador, la cifra aproximada llega a los $300 a $400 millones. Ahora, ese monto por lo menos llega a los $600 millones.

“No hay un cálculo exacto porque las actividades ilegales se adaptan, mutan y crecen con mayor flexibilidad y ritmo que las operaciones formales. Por unos años existió una agencia específica de control minero, pero ahora todo el sector de la energía se maneja en una misma agencia con poca capacidad y recursos”, acotó Bermúdez.

Desde la Cámara de Minería del Ecuador se ha reconocido, en varias ocasiones, la profundidad y el alcance del problema de la explotación ilegal, pero no ha hecho ningún tipo de estudio o cálculo para definir su dimensión económica.

Solo se recalca que los perjuicios sociales son enormes en aspectos como: trabajo infantil, crimen organizado, prostitución, esclavitud, secuestro, entre otros.

Ambiente y Amazonía están amenazadas

Cada año, la minería ilegal provoca daños ambientales equivalentes a más de $2.500 millones en las zonas amazónicas de países como Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Para la economía ecuatoriana, el impacto es de al menos $350 millones anuales.

En 2019, una investigación titulada “Amazonía Saqueada” calculó más de 2.600 puntos de explotación fuera de la ley en lugares de alta diversidad y valor ambiental en todos esos países.

Esa estimación, sin embargo, se puede quedar corta ante la realidad creciente de los últimos dos años.

En 2019, la desaparecida Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) registraba al menos 500 puntos de minería ilegal en Ecuador.

Solo durante ese año, los decomisos e incautaciones de #minerales explotados de manera ilegal promediaban las 63 toneladas al mes.

Sin embargo, en 2020 los controles contra esa actividad cayeron de 418 a 282, en medio del primer golpe de la pandemia; mientras los focos, o sitios de explotación crecieron.

Actualmente, los focos de la minería ilegal, a lo largo de todo el país, ya superan el número de 600. Las provincias más afectadas son Zamora Chinchipe, Napo, Imbabura, Azuay, Loja, Los Ríos y Esmeraldas.

En este escenario, la tramitología y los procesos de control no se han visto facilitados por decisiones gubernamentales como la fusión del Ministerio de Minas con el de Hidrocarburos; el de las agencias de control y regulación de todas las áreas de energía; y del Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua.

De acuerdo con Andrés Ycaza, vocero de la Cámara de Minería, el resultado ha sido procesos más lentos e ineficientes; y más trabajo con menos personal.

“Por ejemplo, el regional norte de la Agencia de Regulación y Control tiene a su cargo dos estaciones de bombeo de OCP, Coca Codo Sinclair, Llurimagua, Cascabel, el problema de minería ilegal de Buenos Aires, entre otros. Para todo eso apenas hay cuatro técnicos”, puntualizó.

En 2020, uno de los sectores más problemáticos de la minería ilegal fue Esmeraldas. En esa provincia se han detectado 50 frentes mineros a cielo abierto

Modus operandi de la minería ilegal es conocido, pero nadie actúa

Según una investigación de John Machado, en colaboración con la Plataforma Periodística para las Américas (Connectas), el modus operandi de la minería ilegal está plenamente identificado; pero la actividad sigue sin controles efectivos hasta que pasa una tragedia como la de Zaruma.

En primer lugar, los mineros ilegales investigan donde hay concesiones privadas, en producción o no y se apoderan de la zona, compran terrenos aledaños e incluso pagan alquiler de lotes si es necesario.

Una vez allí, construyen minas de madera y plástico, abren pequeños túneles con perforadores impulsados por compresores de aire; trasladan dinamita de forma ilegal hasta el punto y extraen el material que se desprende de la roca producto de la explosión.

El material viaja en sacos hacia sitios a los que acceden volquetas y camionetas. Luego es trasladado a molinos industriales denominados plantas de beneficio, que son negocios legales, pero que procesan material sin importar la procedencia. La mayoría de esas plantas están en Zaruma, Portovelo y Camilo Ponce.

El mineral se transforma en láminas o barras (en el caso del oro), las cuales son vendidas a comerciantes locales. Esos comerciantes locales negocian con empresas exportadoras, que utilizan documentos falsos para simular compras legales y exportar.

En la última fase, el dinero de las exportaciones se traslada en camiones blindados a sectores como la provincia de El Oro. Sin embargo, las autoridades no saben a qué manos va a parar, pero se presume que una buena parte va a reinvertirse en más actividades de minería ilegal.