El Estado debe efectuar una revisión de su legislación antiterrorista, en particular, una reforma de los tipos penales de sedición y terrorismo, a fin de garantizar que sean acordes al principio de legalidad y a los estándares internacionales de derechos humanos, recomendó el Comité Contra la Tortura de la ONU.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que su despacho redacta un proyecto de ley para cambiar los tipos penales de delitos como tortura y terrorismo, en función a la recomendación que hizo el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documento que será presentado en las próximas semanas.
“Nos han exhortado a que cambiemos el delito de tortura, que podamos cambiar el tipo penal de terrorismo, vamos a hacer un ajuste de algunos delitos para el estándar máximo de protección de derechos humanos, es un proyecto que se está trabajando desde el Ministerio de Justicia para presentarlo en las próximas semanas con este respaldo internacional que nos da el mandato de ajustar nuestra normativa”, declaró Lima.
El citado comité de la ONU hizo conocer la semana pasada sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico presentado por el Estado boliviano en Ginebra, Suiza. Esta instancia expresó su preocupación por la falta de independencia y autonomía del sistema de justicia y por una debilidad institucional, por lo que pidió una “reforma urgente”.
Indicó que preocupa a este comité las disposiciones de los artículos 123 y 135 del Código Penal, en las que se tipifican en base a conceptos “extremadamente vagos” los delitos de sedición y terrorismo, respectivamente. Por estos tipos penales tienen procesos en curso la expresidenta del Estado, Jeanine Añez, junto a exministros, exautoridades militares y policiales de su gestión gubernamental.
En ese sentido, el comité señaló que el Estado debe efectuar una revisión de su legislación antiterrorista, en particular, una reforma de los tipos penales de sedición y terrorismo, a fin de garantizar que sean acordes al principio de legalidad y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Acotó que por la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público “queda evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”.
Lima señaló que otro de los mandatos y sugerencias que se acoge del citado comité es el de desmantelamiento que debe haber de grupos parapoliciales y paramilitares que operan en determinadas regiones del país, para que estos no generen miedo en la población boliviana.
“Toda la semana estaremos escuchando al país para terminar en marzo del 2022 todas las recomendaciones internacionales que nos urge transformar la justicia en una Cumbre Nacional de Justicia, como anunció el presidente del Estado, Luis Arce Catacora”, acotó.
EL DIARIO BO
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