El nombre de María Paula Christiansen vuelve a generar sospechas

El nombre de María Paula Christiansen volvió a la palestra por las investigaciones dentro del juicio político al superintendente de bancos por el caso ‘ISSPOL’. La exfuncionaria pública ha sido mencionada en presuntos en actos de corrupción; sin embargo, fue absuelta por el delito de supuesta asociación ilícita y una acusación de tráfico de influencias lleva tres años investigándose.

El nombre de María Paula Christiansen volvió a a la coyuntura nacional en el marco del juicio político al superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, a quien se corresponsabiliza de la desaparición de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL).

El lunes, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, proyectó la copia de un cheque por $230 mil girado en 2018 por Jorge Chérrez – principal acusado de la desaparición de fondos de la ISSPOL- a nombre de María P. Christiansen.

Esto ocurrió durante la comparecencia telemática del exministro del Interior José Serrano, a quien Villavicencio preguntó si tenía conocimiento sobre el documento; esto  a propósito de que Christiansen ha sido señalada como exfuncionaria cercana a Serrano.

Aunque el también expresidente de la Asamblea admitió conocer sobre el cheque, no pudo justificar el objetivo de ese dinero y se limitó a señalar que se relacionaría con la inversión en un SPA, leyendo el documento. Además, aseguró no conocer personalmente ni tener relación alguna con Chérrez. Esto a pesar de que inclusive lo condecoró.

Trayectoria laboral

Según los registros de la Contraloría General del Estado (CGE), Ma. Paula Christiansen D. ingresó al sector público en 2014 como Coordinadora General Administrativa Financiera, en el Ministerio del Interior. En el mismo año también fue Directora Administrativa de la misma entidad; después, fungió como Coordinadora General Administrativa Financiera en la Coordinación Zonal 1 Del Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda, culminando sus labores en esa entidad en 2016.

En 2017 es el año en el que más cargos registró en el sector público. Primero fue Gerente General en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas – EMCO EP, luego pasó a ser Asesora 2 en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en donde también ocupó el cargo de Coordinadora General Administrativa Financiera. En la Unidad Nacional De Almacenamiento ‘UNA EP’ fue Gerente Administrativa y Talento Humano, mientras que, en la Empresa Pública Yachay fue Gerente Administrativa Financiera.

De acuerdo con la su Declaración Patrimonial Jurada, Christiansen inició sus actividades en el sector público con un Patrimonio total de $50 mil y finalizó con un Patrimonio de $11.709.

Presunta red de sobornos

Un reportaje de investigación del medio Plan V, que se titula “El carrusel de los contratos en el Ministerio del Interior”, publicado en agosto de 2021, señala que personas cercanas al círculo del exministro José Serrano (durante el Gobierno de Rafael Correa), fueron procesadas por, presuntamente, pertenecer a una red de sobornos a cambio de la entrega de contratos por bienes y servicios. La operación habría consistido en la petición por parte de los funcionarios de una comisión del 10% para la tramitación de dichos contratos.

A lo largo de este relato, que cuenta con el soporte del expediente del caso e informes de la Fiscalía, se menciona que, luego de interceptaciones fiscales, Christiansen habría entablado una conversación con Boris Platonoff Serrano – ex director administrativo del Ministerio del Interior y principal implicado en la investigación por asociación ilícita– en donde María Paula dice: “yo he sido la mano derecha del José durante siete años”.

Sin embargo, en el informe se menciona que María Paula Christiansen no ha podido ser vinculada en el caso.

El proceso

En noviembre de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un proceso de investigación porque existían sospechas de que en el Ministerio del Interior se habrían cometido actos de corrupción en la adjudicación de contratos para la compra de caballos, chalecos, municiones y automotores, según detalla información de diario El Comercio.

En este proceso, mientras se investigaba un supuesto delito de concusión, la fiscalía encontró elementos que involucraban a Christiansen y otros sujetos en un presunto delito de tráfico de influencias.

Aunque Contraloría y Fiscalía analizaron estas irregularidades y, pese a que esta última institución determinó que María Paula Christiansen, junto con dos sujetos más se habrían asociado para exigir pagos a proveedores del Ministerio del Interior, durante 2014, su abogado, Diego Chimbo, aseguro que no hubo una investigación por concusión y que su defendida no fue vinculada ni acusada directamente.

La fiscal de ese momento (2018), Claudia Romero, dijo que Christiansen había salido del país con su esposo y que ella no manejaba cuentas bancarias ni registraba bienes a su nombre.

Al ser consultado sobre estado actual de los procesos de Christiansen, su abogado Diego Chimbo dijo que su defendida no tiene ninguna orden de detención. “Ella estuvo involucrada en un caso de asociación ilícita de funcionarios del Ministerio del Interior en donde se le sacó una orden de captura, que ya fue levantada porque no se le encontró ningún indicio de participación”, relató.

Contratos de emergencia

Un examen especial de la Contraloría, que se determinó luego de las investigaciones del caso, señaló que entre convenios de pago y procesos de contrataciones, el Ministerio del Interior suscribió contratos por un total de $243’960.515,49, de acuerdo con información divulgada por Expreso en 2017.

“Los contratos bajo la mira se otorgaron de manera directa amparados por una emergencia institucional que Serrano declaró el 4 enero de 2013 y que fue extendida a través de varios acuerdos ministeriales”, señala el medio.

En 2014, María Paula Christiansen D. junto con el entonces ministro del Interior, José Serrano, viajaron a la India para la firma de un contrato por $24’479.500 con la empresa india MKU Private Limited para la compra de 41 mil chalecos de protección balística.

Mientras que, en 2015, Christiansen habría formalizado un convenio de pago de $1’834.894,65 con la empresa Road Track Ecuador S.A. por el servicio de monitoreo y rastreo satelital de los vehículos de la Policía.

Actualidad

Se conoce que actualmente María Paula Christiansen reside en Miami, Estados Unidos, en donde es propietaria de Mint Wellness Center, centro estético que cuenta con una sede en Quito.

En diferentes notas de prensa internacional a Christiansen se la cataloga como una esteticista médica con experiencia en la industria de la belleza y el bienestar, sin mencionar sobre su trayectoria en el sector público del Ecuador.

Fue premiada por el Women Economic Forum (WEF) en la categoría de “mujeres icónicas” y, de acuerdo con el Diario Las Américas, en mayo de 2021, abrió una nueva empresa de diseño, decoración y remodelación de interiores denominada ‘Mint Design’, en Miami.

Según su página de Linkedin, en donde no registra su experiencia en el sector público, es General Manager en Mint Wellness Center desde noviembre de 2017, en Fort Lauderdale, Miami.

Caso estafa ISSPOL

Frente a la mención del cheque por $230 mil girado a su nombre por el principal acusado del caso ‘ISSPOL’, el abogado de Christiansen, Diego Chimbo, dijo desconocer del tema. “De eso yo no me puedo pronunciar, no conozco y tampoco me ha autorizado la señora María Paula Christiansen, imposible que yo le de un argumento”, mencionó de manera cortante.

Contrato para la adquisición de vehículos para la Policía Nacional

En 2015, María Paula Christiansen, como coordinadora general administrativa financiera del Ministerio del Interior, firmó un contrato de Emergencia Internacional para la adquisición de vehículos para el restablecimiento del control del orden, en el que Juan Francisco Herdoiza registra como distribuidor autorizado de la fábrica INKAS ARMORED VEHICLE MANUFACTURING y contratista. En el documento no se especifica el valor del contrato.

Este sería uno de los contratos emergentes autorizados por María Paula Christiansen, mediante los cuales, según un informe de Contraloría, se habría destinado un monto total de $243’960.515,49.

“Hay una investigación previa que nació a partir del primer proceso en el que dijeron que ella (Christiansen) no tiene que ver, pero no existe una instrucción fiscal o un proceso formal. Es una investigación previa que ya tiene tres años de antigüedad y que incluso ya se encuentra cerrada porque no existen elementos ni indicios”, Diego Chimbo, abogado de Ma. Paula Christiansen.

“Este caso es uno de los mayores perjuicios cometidos en este país a la Policía Nacional. Hablamos de alrededor de $940 millones de estafa al ISSPOL. Robaron a la Policía y eso es un hecho sui generis”, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización.