La decisión deja fuera de la Función Legislativa a casi una veintena de funcionarios, entre asesores y coordinadores.
Las críticas a la gestión en estos primeros casi cinco meses de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llorí, les costó el puesto a sus asesores y coordinadores, a quienes se les solicitó la renuncia inmediata a los cargos que desempeñaban en la Función Legislativa.
La decisión de Llorí consta en un memorándum de 20 de septiembre de 2021 y está dirigido a los funcionarios que laboraban con ella desde el inicio del período (14 de mayo de 2021); algunos de ellos trabajaban con la Titular de la Asamblea desde que fue Prefecta de Orellana.
Entre las personas que dejaron la Asamblea están la administradora general encargada, Janeth Puetate; la coordinadora de Participación Ciudadana, Cecilia Velásquez; el coordinador de Planificación, Diego Almeida; el coordinador de Protocolo, Paúl Abad, el asesor institucional y ex-asambleísta, Eddy Peñafiel; al asesor jurídico, Julio César Sarango; la asesora política, Cristina López; y el exsecretario de Comunicación, Gustavo Isch; este último que llevaba ni dos meses en su cargo.
No fue la única acción que tomo Llorí. La Presidenta del legislativo dispuso, además, dar de baja el contrato de 100.000 dólares para la organización de eventos en la Asamblea, y que tanta polémica ha suscitado en el país, por los supuestos costos excesivos que acarrearía. También se suspendieron los procesos administrativos y anunció que solicitará una auditoria a la Contraloría.
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