Los dos sectores sufrieron un recorte de más de $960 millones en los últimos tres años. El Gobierno quiere revertir ese deterioro con más recursos en el presupuesto 2021.
Entre 2018 y 2020, los ingresos fiscales se redujeron en $6.442 millones, mientras que los gastos cayeron en $4.190 millones. En otras palabras, el Estado perdió el 26% de sus recursos disponibles, pero ajustó en 12% sus compromisos de pago.
Ese ajuste se vio reflejado en el presupuesto gastado en salud y educación. El monto pasó de $7.854 millones a $6.893 millones, es decir, en esos dos sectores prioritarios se dejaron de recibir $960,70 millones.
Sin embargo, con un presupuesto total reducido esas actividades siguieron representando el 23% de todo el gasto público. Es decir, incluso en la época de mayor crisis, veintitrés de cada cien dólares de los recursos públicos se siguieron destinando a esos fines.
El subsector menos afectado dentro de la enseñanza fue la educación básica. En 2020, el recorte fue de $83 millones, es decir, el 14% del ajuste total.
En el caso de la salud, el 97% del recorte vino por el lado del gasto en sueldos. El monto pasó de $1.447,41 millones a $1.358,24 millones, lo que representa $89,17 millones menos.
Mientras los desembolsos para compras de medicamentos e insumos médicos cayeron $883,30 millones a $745,33 millones, es decir, $137,97 millones menos
19% más en 2021
Según el presupuesto 2021, que fue revisado y remitido a la Asamblea por el actual Gobierno, las asignaciones aumentan 19% con respecto a lo gastado en 2020.
En concreto, el ministro de Economía Simón Cueva estableció que para salud se debe destinar un total de $3.213 millones, lo que significa $624 millones más que el año pasado.
Por su parte, para educación se prevé $4.988 millones, es decir, $684 millones adicionales.
Así, el gasto en esos dos sectores sería, siempre y cuando el presupuesto se ejecute completamente hasta finales de este año, $347 millones más alto que lo que se tenía en 2018.
Luisa Benítez, economista y exconsultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comentó que el Gobierno proyecta aumentar el gasto público en un poco más de $2.000 millones con respecto a 2020.
“El 63% de ese incremento se concentra en salud y educación. Eso, por lo menos en los papeles, significa que las autoridades están intentando priorizar a dónde se van los escasos recursos del Estado”, dijo.
Sin embargo, Benítez puntualizó que no solo son importantes los montos totales destinados a un sector u otro, sino también la eficiencia del gasto. Esto debido a que análisis de organismo como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han detectado que entre 25% y 35% del gasto en el sector público se pierde cada año entre ineficiencia y corrupción. (JS)
El 82% del gasto en sueldos se concentra en 4 sectores
Según el presupuesto 2021, el actual Gobierno prevé gastar $8.161 millones en sueldos. El 82% de ese gasto se concentra en los sectores de salud ($1.257,66 millones), educación ($2.854,63 millones), seguridad ($2.262 millones) y justicia ($313,31 millones).
Desde 2018 a 2020, los recursos totales destinados a la burocracia estatal se redujeron en $858,37 millones. Eso representó 9% menos en tres años.
Durante ese mismo período, las remuneraciones en los 4 sectores prioritarios cayeron $482,46 millones. Sin embargo, el ministro de Economía prevé que ese gasto se recupere en más de $409 millones hasta diciembre de 2021.
Esa recuperación se hará a costa de hacer recortes de personal en otras áreas del Estado; lo que está en concordancia con la política de las autoridades de priorizar el destino de los recursos.
Pesado servicio de deuda pública
Para cumplir con el servicio de la deuda que ha pedido el Estado para cubrir sus crecientes gastos, durante 2021 se tendrán que desembolsar más de $5.600 millones.
En intereses se tendrán que pagar un poco más de 1.957 millones, lo que representa $1.132 millones menos que en 2020. Esa disminución se debe a la renegociación del endeudamiento en bonos durante el último año del gobierno de Lenin Moreno.
A eso hay que sumar pagos adicionales por $3.657 millones por amortizaciones de préstamos internos y externos. Con eso, a pesar del alivio en las obligaciones de bonos, el peso del servicio de la deuda representa casi el 6% del Producto Interno Bruto (PIB); y resta recursos para otros fines como salud y educación.
Hasta diciembre de 2021 se esperan $5.600 millones de préstamos de fuera. De ese total más del 80% viene de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de los recortes en el gasto, el Gobierno enfrentará un déficit de más de $4.800 millones.
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