El juicio en contra de Alberto Fujimori y funcionarios de su gobierno por casi 300 mil esterilizaciones forzadas inició el 2 de marzo de 2021.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) Perú, Marina Navarro, brindó su testimonio en el marco de las audiencias de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exfuncionarios de su gobierno por el caso de las esterilizaciones forzadas.
El régimen de Fujimori es acusado de ejecutar unas 270 mil esterilizaciones forzadas a mujeres y unos 22 mil hombres, en su mayoría indígenas y campesinos quechuas, durante la década de 1990. Esto en el marco de un plan estatal de control de la natalidad que pretendía combatir la pobreza de esa forma.
El proceso judicial por este tema se inició en 2 de marzo de 2021 y AI es una de las partes intervinientes. Al rendir su testimonio, Navarro aseguró: “Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas”.
El gobierno peruano señaló en su momento que las intervenciones quirúrgicas para impedir los embarazos se realizaron con el consentimiento de las personas que fueron intervenidas.
Sin embargo, miles de testimonios de mujeres dan cuenta de lo contrario. Aseguran haber sido presionadas, chantajeadas y obligadas al procedimiento.
Una investigación del Congreso peruano, en 2002, encontró que había suficiente evidencia que demostraba que los funcionarios de salud habían sido presionados para alcanzar cuotas o metas de esterilizaciones. Y que muchos procedimientos médicos se habían llevado a cabo de manera rutinaria sin el consentimiento de las mujeres.
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