Colectivos sociales y ambientalistas enviaron una carta al presidente Lasso y al ministro de Ambiente. El principal reclamo es que no arranca su implementación.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, y el ministro del Ambiente y Agua, Gustavo Manrique, recibieron en los últimos días una carta de organizaciones ambientalistas y sociales. Entre las exigencias está que no se concedan licencias para la actividad minera en las áreas de recarga hídrica de los ríos Yanuncay, Tomebamba, Tarqui, Machángara y Norcay.
El 7 de febrero de 2021, el 80% de los cuencanos votaroprensamercosur.netn a favor de prohibir la minería a mediana y gran escala en esas áreas. El municipio de la ciudad tiene que aprobar una normativa que haga posible esa prohibición; pero hasta la fecha no se concreta nada.
“Nos dirigimos a ustedes como autoridades nacionales y locales, para expresar nuestra preocupación sobre la falta de celeridad en el cumplimiento de los resultados de la Consulta Popular, en la que Cuenca dijo sí al agua de manera contundente”, detalla la carta.
Además, señalan que es urgente tomar decisiones porque hay proyectos que “no tienen intención de retirarse”. Se cita el caso de Loma Larga, que está en la fase previa al inicio de construcción de la mina.
Desde el municipio de Cuenca se asegura que hay toda la voluntad de implementar los resultados lo antes posible; pero no hay fecha ni una ruta clara.
Dos extremos
El alcalde Pedro Palacios ha recalcado que la consulta establece la prohibición de la explotación. Así, en el caso de Loma Larga, la construcción de la mina y la producción no serían posibles.
El constitucionalista y docente de Derecho en la Universidad del Azuay (UDA), Sebastián López, puntualizó que las empresas que ya iniciaron su fase de explotación no se verán afectadas. Eso incluye al proyecto Río Blanco, el cual está detenido por una resolución judicial.
“Todas las empresas que tienen concesiones, pero no han alcanzado la fase de explotación, simplemente no podrán emprender ninguna acción”, dijo
En este contexto, no queda claro lo que pasará con las 43 concesiones ya entregadas hace tiempo y que podrían explotar en el futuro.
Andrés Ycaza, vocero de la Cámara de Minería, recalcó que los resultados de la consulta popular no pueden ser retroactivos ni afectar proyectos ya en marcha desde hace años. “El Gobierno nacional debe intervenir para aclarar el tema. Siempre se supo que el día después de la consulta era lo más complicado”, aseveró.
La empresa Precious Metals Inc es la concesionaria del proyecto Loma Larga. La meta de iniciar a producción en 2023, con una inversión aproximada de $400 millones.
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