Yunda analiza pedir reparación económica

Tres vías legales tiene a seguir el Alcalde de Quito tras su remoción, pero ninguna que le lleve a conservar su puesto en el Municipio de Quito.

Acogerse a la remoción, pedir la revisión del proceso o presentar una acción de protección son las tres alternativas que le quedan a Jorge Yunda tras la aprobación de su remoción de la Alcaldía de Quito.

El dilema para Yunda es que cualquiera de estas opciones difícilmente le ayudará a conservar el cargo. Mientras no se agoten las instancias legales, él seguirá en funciones como el principal administrador de la ciudad, aunque con poca capacidad de maniobra.

Santiago Guarderas continúa, también, como vicealcalde y solo podrá asumir el puesto de alcalde luego de que la decisión del Concejo quede en firme.

“Mientras no se acaben los recursos legales, esto no cambia”, dijo Guarderas y recordó que el siguiente paso para el Alcalde Yunda sería presentar una consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Sin embargo, el Vicealcalde pidió a los funcionarios municipales que se abstengan de firmar contratos durante la transición. “Lo pido como vicealcalde y fiscalizador. Yo cumpliré mi tarea de control y fiscalización, presentando ante las entidades de control cualquier irregularidad detectada en este período”, señaló Guarderas.

“Voy a pedir a los funcionarios municipales que en esta transición no hagan contratos de última hora, que no hagan transferencias ni pagos sobre contratos irregulares”.
Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito.

Varias semanas en el ‘limbo’

Yunda tiene un plazo de tres días para esto y el organismo tendría diez días adicionales para responder la consulta. Sumando a esto dos días de notificaciones y envíos, el abogado y profesor de Derecho Constitucional, Ismael Quintana, estima que la respuesta del TCE podría tardar como mínimo tres semanas; mientras tanto, Yunda continúa en el cargo.

Si la autoridad no se adelanta y resuelve no presentar una consulta al Contencioso Electoral se ratificaría el proceso. Pero si insiste y envía la consulta, el TCE tiene opciones mínimas ante el pedido: “No puede referirse a si se verificaron o no las causales, ni tampoco al aspecto probatorio. Solo puede analizar asuntos formales o de procedimiento. No se trata de una apelación”, explicó Quintana.

La vía constitucional

Otra alternativa para Yunda sería acudir a la Corte Constitucional, pero esta entidad se limitaría a verificar el trámite de la consulta presentada ante el TCE, si existió alguna violación al proceso, o si fue vulnerado algún derecho de Yunda. “Una acción poco eficaz, si consideramos que no suspende la remoción del alcalde”, comenta Quintana.

También se podría presentar una acción de protección para atacar directamente a la resolución del Concejo Metropolitano, ante un juez de primera instancia.

La defensa de Yunda no descarta opciones. Marcelo Icaza, que representa al Alcalde, asegura que es prematuro hablar de un camino legal cuando su cliente no ha sido notificado formalmente sobre la decisión del Concejo.

“Con la notificación se analizará qué medidas se tomarán. En principio, acudir al TCE es la vía sugerida y, según los resultados, se observaría el siguiente paso”, aseguró.

No descarta incluso acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El abogado explica que si bien la CIDH no le devolverá el cargo a Yunda, esta podría pedir una reparación por una supuesta violación, en el marco de la Convención de los Derechos Humanos.

“Conforme al artículo 23 de la Convención de los Derechos Humanos, hubo una violación al derecho político de elegir y ser elegido”, asegura Icaza. Aunque esta sería una acción en última instancia, al ser consultado sobre el tipo de reparación respondió: “la única forma es una reparación económica”, dijo.

Los servicios del Municipio de Quito no se suspenden

Ayer, 3 de junio de 2021, el cesado alcalde de Quito, Jorge Yuda, habló en una entrevista radial sobre lo ocurrido en el Concejo Metropolitano la víspera, cuando fue removido del cargo con el voto de 14 integrantes del legislativo quiteño.

“No he podido trabajar tranquilo, no he podido trabajar en paz durante mi período; siempre ha habido esa resistencia a que una persona del pueblo haya optado por un cargo de elección popular”, dijo Yunda sobre cómo ha sido su camino en la Alcaldía. Llegó al cargo el mayo de 2019 y su periodo debía terminar en 2023.

“Yo me debo a ese pueblo, a los más olvidados, a los más humildes de la ciudad donde hemos estado trabajando, pero ya esperaré el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral y nada más”.

El Alcalde dijo que los ediles argumentaron “cualquier cosa, menos de lo que se me acusaba para votar a favor de mi remoción”.

Debate sobre el voto abstentivo

Antes de la votación para la remoción del alcalde Jorge Yunda, se dispuso, con base en el artículo 321 del Cootad, no dar paso a los votos en abstención; sin embargo, seis concejales insistieron en hacerlo: Soledad Benítez, Gissela Chalá, Orlando Núñez, Blanca Paucar, Luis Reina y Marco Collaguazo.

Esta acción va en contra de la aplicación de la normativa. Por esto, el vicealcalde Santiago Guarderas, quien lideraba la sesión, llamó la atención de Benítez cuando emitió el primer voto abstentivo. Benítez alegó que la abstención como tal se refería a la acción de votar y no a la elección de una opción de voto.

Para el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz, los concejales “optaron por con un voto que no está permitido”.

Pese a esto, la acción difícilmente podría llevar a la anulación de la sesión o de la decisión del Concejo. “No se violentó el procedimiento, ni los derechos del Alcalde, hubo una votación de mayoría y se dio paso a la defensa del acusado. Podría alegarse que el voto en abstención no estaba contemplado, pero sería muy forzado que por eso se anule la decisión del Concejo”, dijo Muñoz.

El vicealcalde Guarderas coincide: “Hubo una votación de mayoría en la sesión Concejo, debidamente sustentada y sin violar ningún procedimiento”.