Las manifestaciones que atraviesa Colombia dejan una cifra escalofriante: al menos 129 personas desaparecidas en un mes de paro nacional. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian que la mayoría de personas que salieron a manifestarse y no han vuelto a su casa hasta la fecha se les perdió el rastro hace varias semanas. “Vivos los queremos”, gritan en las calles.
Son cifras de la Fiscalía General de la Nación, un organismo que en un escueto comunicado y en un video oficial aseguró que también había localizado a 290 personas que habían sido reportadas inicialmente como desaparecidas. Eso implica que, durante más de tres semanas de protestas, la Fiscalía recogió un total de 419 denuncias de este tipo. France 24 se puso en contacto con el organismo judicial, pero no obtuvo respuesta.
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La cifra varía según algunas organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), registra 168 desaparecidos. La campaña Defender la Libertad, que agrupa varias entidades, reporta hasta 346 personas “presuntamente desaparecidas”.
“La sensación que prima es la de la incertidumbre que se asocia a las emociones de angustia, miedo, pero también la esperanza de que van a volver”, explica Angélica, una joven voluntaria que acompaña a las madres de algunas de las personas que siguen desaparecidas. También habla de “rabia” y “frustración”: “Siempre es una montaña rusa de todas estas emociones con la sensación de ver a los desaparecidos en las fotos de las marchas, en las calles, en todos lados”.
¿Qué denuncias de desaparición llegan a las organizaciones de derechos humanos?
Las organizaciones de verificación y de defensa de derechos humanos en las manifestaciones están desbordadas por varios motivos, pero hay uno claro: el miedo. “Las denuncias de desaparición están creciendo y siendo muy dispares por el gran temor que existe de que la policía te violente”, asegura Alejandro Lanz, codirector de la ONG Temblores.
Según Lanz, muchas denuncias se dan cuando la policía detiene a alguien y lo traslada a algún centro de detención porque ahí “es cuando se producen más hechos de violencia física y sexual”. Además, confirma que “la Policía está impidiendo que la persona tenga derecho a un debido proceso” y se contacte con sus familiares o allegados. Ese factor contribuye a que los arrestados sean denunciados como desaparecidos, al no tener acceso a la información de su paradero.
Yepes corrobora la misma práctica, que tacha de “sistemática”, de “detener a las personas y negársele a suministrar información tanto a las autoridades como a los familiares”.
Natalia, una integrante del grupo de derechos humanos Esquema Feminista, denuncia también una “tendencia hacia el perfilamiento” de las personas que llevan varios días manifestándose en los mismos puntos de las ciudades colombianas y que además son “personas activas” que tienen visibilidad dentro de las movilizaciones. Esas personas son las que “desaparecen en las manifestaciones cuando son llevadas” a los centros de detención, asegura.
¿Cómo aparecen quienes estaban reportados como desaparecidos en Colombia?
En algunos casos, personas reportadas como desaparecidas simplemente habían quedado incomunicadas y no tardan en ponerse en contacto con sus seres queridos. En otros casos, las organizaciones logran ubicarlas en centros de detención u hospitales a través de su trabajo de verificación. Pero a veces, el desenlace es más preocupante.
Natalia, que trabaja en Bogotá, lo denuncia: “Algunas de las personas que desaparecen en los desplazamientos aparecen horas o días más tarde, golpeadas”. Lo mismo explica Darnelly Rodríguez, coordinadora regional de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, quien relata que, de las 54 personas que localizaron en Cali y en los municipios aledaños, 24 habían sido violentadas, presuntamente por agentes de la fuerza pública.
Peor aún es el caso de Brahian Gabriel Rojas, un joven de 26 años que estaba desaparecido desde el primer día de protestas, el 28 de abril. Lo vieron por última vez en Arenera de la Virginia, en el departamento de Risaralda, en medio de una intervención del escuadrón antidisturbios de la policía colombiana, el ESMAD. Apareció sin vida en el río Cauca.
Un mes sin encontrar a las personas desaparecidas de las protestas en Colombia
“Hay gente desaparecida desde el 28 de abril”, recuerda Darnellys. Un mes sin saber el paradero de personas que salieron a marchar, que volvían de una protesta, que fueron detenidas. De hecho, según las organizaciones contactadas para este informe, la mayoría de personas que siguen sin ser localizadas desaparecieron durante los primeros días de las protestas.
Estas 129 personas, según la Fiscalía, no se han encontrado en centros sanitarios ni en lugares de detención ordinarios de la Policía. La Fiscalía describe a estas personas como “no localizadas”, aunque Yepes afirma que deberían considerarse víctimas de desaparición forzada. “La desaparición forzada tiene dos elementos, una es la detención, legal o ilegal; y otra es la negativa de dar información u ocultar el paradero”. Según él, esos dos elementos ya se están combinando en la actualidad.
Alejandro Lanz, de Temblores, considera que “no es posible afirmar que hay desaparición forzada por parte de la Policía” con la información que tienen disponible. Sin embargo, subraya que vulnerar el derecho de comunicarse a las personas detenidas de las movilizaciones “es un indicio” y “puede representar un riesgo de desaparición forzada”.
En medio de la búsqueda de los que siguen sin aparecer, las organizaciones de derechos humanos denuncian que el acceso a la información de las instituciones es cada vez más difícil. “Ni la policía ni los organismos de control están facilitando las labores de verificación”, asegura Natalia, quien agrega que han registrado “agresiones directas” y “barreras” por parte de la fuerza pública en las manifestaciones para impedir el acceso de defensores de derechos humanos.
Las mismas denuncias que adelantan las organizaciones sociales y de derechos humanos las respaldó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en una entrevista con France 24. “La Fiscalía, que es la que tiene que desarrollar la tarea de la búsqueda de esas personas desaparecidas, no ha puesto todos los mecanismos jurídicos que existen” al servicio de esa tarea, asegura.
Además, asegura que entidades como la Defensoría del Pueblo o la Personería, que son los entes de control que deberían “hacer una revisión de los registros de detención de las personas (…) no están funcionando adecuadamente”. Este medio trató de ponerse en contacto con la Defensoría, pero no obtuvo respuesta por parte de la institución.
Las desapariciones, un fantasma del conflicto armado colombiano
Monzón, que dirige la unidad encargada de buscar a personas desaparecidas durante el conflicto armado colombiano, tiene un análisis claro de la situación: “Durante el conflicto fueron desaparecidas personas bajo patrones similares a los que estamos viendo hoy”, unos patrones que van desde negar la información del paradero de detenidos al uso de centros de detención irregulares.
En Colombia, el conflicto armado dejó más de 120.000 personas desaparecidas según la UBPD, muchas de las cuales siguen sin localizarse. Aquella cifra es mucho mayor que las desapariciones forzadas que hubo durante las dictaduras del Cono Sur.
“Aunque la desaparición es un fenómeno común en el país, lo que ha pasado en el último mes es muy preocupante”, lamenta Natalia.
Lanz coincide: “Es una de las crisis más graves de derechos humanos en la historia del país”. “Seguimos sin tocar el tope de la violencia de la policía en las protestas sociales”, agrega.
Según la ONG Temblores, en un mes de protestas se han registrado 3.155 casos de violencia policial, entre los cuales hay 46 víctimas de lesiones oculares, 22 víctimas de violencia sexual por parte de agentes de la fuerza pública y 43 víctimas mortales, además de 18 casos de muertes que todavía están en proceso de verificación. La Fiscalía, por su parte, informa también de 43 muertes, aunque especifica que solo “17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas”.
Entre las decenas de consignas que se oyen en todo el país, una reciclada por décadas de conflicto se grita con insistencia: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
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