Desde el 2019, el CPCCS ha tenido tres presidentes. Dos fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional.
Los cuestionamientos al trabajo de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no terminan. Los dos últimos capítulos giran en torno a la poca claridad sobre la procedencia o no del reemplazo de Pablo Celi como contralor del Estado.
Celi continúa en prisión preventiva por el caso Las Torres, después que los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se negaron a revocarla. En esta investigación se encuentran involucrados altos funcionarios de la Contraloría, la Presidencia y la estatal Petroecuador.
En otro tema, también genera polémica la destitución por parte del CPCCS del exvocal del Consejo de la Judicatura Fausto Morillo. Él sostiene que no es competencia de este organismo removerlo de su cargo.
Intento fallido y nueva propuesta
El último traspié para su eliminación vino desde la Asamblea Nacional (AN) el 16 de marzo de 2021. Ese día los legisladores votaron en contra de las reformas propuestas por el Comité por la Institucionalización Democrática, que planteaba su eliminación. La propuesta alcanzó únicamente 53 votos a favor, pero recibió la negativa de los legisladores del correísmo y del bloque oficialista.
Esta propuesta volvió a la palestra de la mano del electo presidente Guillermo Lasso que anunció que impulsará una reforma constitucional para la supresión definitiva de este organismo e implantar un nuevo modelo para la designación de las autoridades de control.
¿Qué tan factible es eliminar el CPCCS?
Para la abogada Jessica Jaramillo existen dos caminos jurídicos: la más acertada sería una Asamblea Constituyente; y, en el último de los casos, una consulta popular.
¿Por qué una Constituyente? Al ser el CPCCS uno de los cinco poderes del Estado y ser creado a través de la Carta Magna ecuatoriana, su desaparición se podría lograr solo por esa vía. “Es muy difícil hacerlo por una consulta popular”, asegura.
La alternativa de la consulta popular es viable también, pero serviría para “revisar” las competencias que actualmente tiene el CPCCS como, por ejemplo, en la pertinencia que continúe designando las autoridades de control.
En este sentido, Jaramillo propone “transparentar la afiliación e ideología política” de los aspirantes a un cargo en los entes de control. Con esto se podría presionar a “que asuman la responsabilidad” con sus decisiones y se tenga claro desde un principio a qué sector pueden responder.
El abogado Salim Zaidán coincide con este criterio y agrega que el camino para una reforma constitucional es a través de una enmienda o una reforma parcial.
Estos criterios se refuerzan con el pronunciamiento de la Corte Constitucional que señaló que el mecanismo para eliminar el CPCCS es una “reforma parcial a la Constitución”, dijo. (AS)
Una vida tranquila hasta el 2018
El Consejo de Participación fue creado tras la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008, como una entidad autónoma que formaría parte de la Función de Transparencia y Control Social que, a más de garantizar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y velar por la transparencia en lo público, designe al defensor del pueblo, al fiscal y al contralor.
El primer gran cambio se dio en el 2018 con la aprobación del 63% de votos en favor de la tercera pregunta de la Consulta Popular y Referéndum del 4 de febrero de ese año.
Allí se planteó una enmienda constitucional para reestructurar al CPCCS, cesar de sus cargos a sus vocales, dar paso a la conformación de un ente transitorio que se encargaría de evaluar el desempeño y, de ser el caso, terminar las funciones de las autoridades designadas.
Luego del trabajo del CPCCS-T en 2019 se posesionaron los siete nuevos vocales elegidos en las elecciones seccionales del 24 de marzo. Se posesionaron el 13 de junio.
José Carlos Tuárez , Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio, luego de un juicio político en la Asamblea Nacional fueron censurados y destituidos el 14 de agosto acusados de “falsificación de documentos, perjurio y falso testimonio para poder candidatizarse”.
Un nuevo golpe llegó desde la Asamblea el 14 de octubre de 2020 con la censura y destitución de Christian Cruz, que era ocupaba el cargo de presidente, “por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo”. Actualmente está al frente de esta institución Sofía Almeida.
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