Ecuador, uno de los países de Sudamérica más afectados por la pandemia, enfrenta otro desafío

Sobreprecio en compras públicas y cobros para entrega de fallecidos: Ecuador enfrenta ola de corrupción en medio de la pandemia del coronavirus

Mascarillas de 4 dólares, cobradas a 12; bolsas para cadáveres de 12, en más de 148 dólares; canastas de productos alimenticios a casi el doble de su valor y otros casos similares están actualmente bajo investigación de la Fiscalía.

En medio de la crisis del coronavirus, Ecuador, uno de los países de Sudamérica más afectados por la pandemia, enfrenta otro desafío: una galopante corrupción que se aprovecha de la difícil situación.

“¡No vamos a permitir actos de corrupción! Caiga quien caiga. Exijo todo el peso de la justicia para quienes roban dineros públicos en compras de insumos médicos y más grave aún, aprovechándose del dolor ajeno en la emergencia”, manifestó el presidente del país, Lenín Moreno, en medio de los escándalos que se han registrado y en un mensaje dirigido a la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y la Secretaría Anticorrupción.

En medio de la pandemia, el primer escándalo que se desató fue el del proceso de compra con sobreprecios de insumos médicos para combatir la pandemia del coronavirus, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

A finales de marzo, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar ordenó la apertura de una investigación previa en este caso, luego que se conociera que esta institución pretendiera adquirir 131.890 mascarillas N95 a 12 dólares cada una, cuando su precio ronda los 4. La adquisición daba un total de 1.582.680 dólares, cuando debía ser de 514.371, es decir, un perjuicio al Estado de 1.068.309 dólares.

El 31 de marzo, comenzaron los allanamientos en las oficinas del IESS por este casos, tanto en Quito como en Cuenca, ciudad al sur del país, y Guayaquil, en la región Costa.

“Indicios de responsabilidad penal”

Varios días después, la Contraloría General del Estado informó sobre la emisión de un informe a la Fiscalía, en el que manifestó que encontró “indicios de responsabilidad penal” en este caso del IESS. La institución señaló que no solo encontró irregularidades en el proceso de compra de las mascarillas, sino, también, en el de la adquisición de pantallas faciales, guantes y otros equipos de protección.

La Contraloría también hizo referencia a que, “a pesar de que en el Sistema Nacional de Contratación Pública se encuentran registrados más de 10.000 proveedores con capacidad para cumplir con el objeto de la contratación, esta se adjudicó a la empresa ALMANTOP S. A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas”.

Esta institución aportó mayores detalles. Mencionó en su informe que se observó sobreprecio en los productos: por mascarillas tipo N95 se estableció una diferencia del 400 %, en mascarillas quirúrgicas elástico tamaño estándar hay un incremento del 100 %, en guantes de látex mediano del 253 % y en guantes de látex talla grande el 81 %; las pantallas faciales (protectores oculares) tienen un precio en el mercado de 0,23 centavos de dólar, pero fueron cotizados por 21,53 dólares, un aumento de 9.259 %.

Posteriormente, Salazar confirmó, tras el informe de Contraloría y los allanamientos realizados, que la Fiscalía cuenta con elementos de convicción para formular cargo en medio de este escándalo el Consejo Directivo del IESS resolvió remover del cargo al director General de la entidad, Miguel Ángel Loja; así como a la directora nacional de Servicios Corporativos y la subdirectora nacional de Contratación Pública, involucrados en la polémica.

También presentó su renuncia, en dos oportunidades, hasta que fue aceptada por Moreno, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda.

Cobros en hospitales

El 8 de abril, la Fiscalía General del Estado informó sobre la apertura de otra investigación, esta vez relacionada con el cobro indebido en hospitales públicos a familiares de fallecidos para entregar los cadáveres, cuando se desbordó el sistema sanitario y funerario en Guayaquil.

La investigación se abrió tras la denuncia de la Fuerza de Tarea Conjunta para Levantamiento de Cadáveres, que se instaló en Guayaquil para encargarse de los cientos de fallecimientos en la ciudad en esas semanas.

“Se puede presumir negligencia de esos funcionarios o la existencia de una supuesta red de personas de dichos hospitales, quienes se dedican a solicitar dinero a los familiares de los difuntos para que les entreguen los respectivos cadáveres a sus seres queridos”, dice un escrito publicado por el propio Moreno en su cuenta en Twitter.

Algunos familiares de los muertos indicaron que les obligaron a pagar hasta 100 dólares solo por recibir información sobre los cuerpos.

También, se investiga “el incumplimiento de protocolos en la identificación de personas fallecidas, en el contexto de la pandemia por Covid-19. Hubo una supuesta negligencia por parte de funcionarios de hospitales públicos en el manejo de los cadáveres”, dijo la fiscal del Guayas (encargada), Yanina Villagómez, tras una denuncia presentada por el gobernador de la entidad, Pedro Pablo Duart.

Bolsas para cadáveres

A principios de mayo, se conoció un nuevo caso de corrupción, específicamente por la compra de fundas mortuorias en el hospital del IESS Los Ceibos, en la ciudad de Guayaquil; por el cual la Fiscalía abrió otra investigación.

Al respecto, la Contraloría General del Estado realizó un examen especial y reveló que en esa casa de salud fueron adquiridas las bolsas para cadáveres, en medio de la pandemia del coronavirus, por 148,50 dólares, cuando su precio, según otra adquisición que hizo el año pasado la Policía Nacional, es de 11,32 dólares. El contrato fue de 872.000 dólares.

Por este hecho, la Fiscalía, acompañada de funcionarios de la Policía Nacional, realizó allanamientos en Guayaquil y Quito. En esos operativos, fueron detenidas 16 personas, 14 en las primeras acciones y luego dos más, estas últimas vinculadas a la empresa Silverti, a la cual se adquirieron las bolsas para cadáveres. Por pedido del Ministerio Público, un juez de Garantías Penales del Guayas dictó prisión preventiva contra cuatro de los procesados.

También comenzaron indagaciones en el Hospital Docente de la Policía Nacional en Guayaquil, tras la denuncia presentada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

“Luego del escándalo de las fundas de cadáveres, investigamos adquisiciones en hospitales de la Policía de Ecuador y descubrimos una posible compra. Informé de inmediato a la Fiscalía”, dijo la funcionaria y detalló que en este caso encontraron la adquisición de 400 bolsas para cadáveres por 130 dólares, más de 100 veces su precio real; y la compra de 500 mascarillas N95 por 10 dólares cada una.

Otro caso sucedió en Guaranda, en la provincia de Bolívar, donde el Ministerio Público allanó las instalaciones del Hospital Alfredo Noboa Montenegro por las denuncias de irregularidades en la adquisición de fundas mortuorias. Presuntamente se adquirieron 100 de estas bolsas por un monto de 10.000 dólares.

Otros insumos con precio inflado.

La Fiscalía, además, abrió una investigación por “la firma de un proceso contractual con presunto sobreprecio para la adquisición de equipos laparoscópicos en el hospital Eugenio Espejo” de Quito.

La apertura de este caso se hizo, según el Ministerio Público, tras denuncias realizadas “a través de redes sociales”; además, luego de la renuncia de Pablo Izquierdo al cargo como gerente de ese centro de salud, a principios de mayo.

“Realmente quiero exponer mi vergüenza y mi impotencia, al conocer que no disponíamos de lo más elemental para enfrentar esta pandemia y que fuerzas poderosas son las que gobiernan el hospital. Fichas de ajedrez que se mueven en un tablero corrupto de intereses que solo se dedican a negocios de más de un millón de dólares”, dijo Izquierdo en una carta, revelada por la prensa local.

Aparte, se llevó a cabo un allanamiento en el Hospital Docente de Ambato, ciudad en el centro del país, para recabar indicios respecto a la adquisición de overoles, cubrecabezas y otros insumos con posible sobreprecio. “Se presume una compra de 250.000 dólares en el marco de la emergencia sanitaria”, informó la Fiscalía, que detalla que la empresa a la que adquirieron los implementos se dedica al sector transporte.

También hubo un allanamiento en el Hospital del IESS de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Según la Fiscalía, hubo denuncias por presuntas irregularidades en contratos relacionados por compras de insumos médicos, como mascarillas, trajes de bioseguridad y botas; así como equipos informáticos.

Kits de alimentos.

Otro de los escándalos que se ha desatado en este país sudamericano es el de la compra que hizo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) de kits de alimentos para la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria, presuntamente con sobreprecio, tras denuncia hecha por el portal Primicias.

El contrato habría sido firmado por la secretaria de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, una de las caras más visibles del Gobierno ecuatoriano en medio de la pandemia y una de las pocas en mantenerse en su cargo desde el 24 de mayo de 2017, el mismo día que asumió Moreno la Presidencia.

La Fiscalía informóque en los documentos encontrados en los allanamientos realizados en las oficinas de la SNGRE y en la empresa involucrada en la compra, se constató que se adquirieron 7.000 kits de alimentos, con 18 productos básicos cada uno, por un valor de 1.055.740 dólares más IVA (12 %).

Es decir, cada kit salió en 150,82 dólares, sin el IVA, cuando los mismos 18 productos, a precio de supermercado minorista, suman un total de 85,79 dólares.

En medio de este escándalo, Ocles renunció a su cargo. En su carta de dimisión, alegó que “se hizo un proceso apegado a la norma” y se pidió a la Contraloría su revisión. Señaló, además, que a raíz de este hecho su familia “se ve afectada por una serie de improperios y de falsas acusaciones sin fundamento”.

Sin embargo, la Fiscalía ya anunció que presentará cargos contra Ocles y otros cuatro funcionarios por el presunto delito de tráfico de influencias.