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Vie. Nov 22nd, 2024
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Un análisis multitemporal de imágenes satelitales Landsat 7 y 8, hecha por la organización Iniciativa Amotocodie, pudo constatar el avance de la depredación boscosa dentro del terreno que corresponde al inmueble cedido a la comunidad Cuyabia del pueblo ayoreo.
 
En los últimos cinco años se han deforestado alrededor de 1.040 hectáreas en el área de superposición de lotes, donde desde el 2010 rige una orden judicial de no innovar hasta tanto se efectúe la mensura judicial.
 
Las tierras de la comunidad Cuyabia, ex San Lázaro, constan de 25.000 hectáreas, adquiridas por el Instituto Nacional del Indígena (INDI), en 1996, a favor de los ayoreos.
 
Distante a unos 100 km al noroeste del distrito de Mariscal Estigarribia, Chaco, ese predio iba a ser destinado también para el asentamiento de nativos de la etnia Guaraní Ñandeva que viven en la zona.
 
Mensura. La medición del terreno se iniciará el próximo sábado 11 de abril. La mensura buscará esclarecer la superposición de títulos de tierras, entre Cuyabia y dos propiedades de firmas ganaderas, Pasca SA y H. Friessen, que hasta hoy llevan a cabo una la velada deforestación en el lugar.
 
“Existe una medida de no innovar en toda la zona, pero está siendo incumplida por las personas que están deforestando; el problema es que esta gente tiene su título de propiedad y su alambrado, pero de todas formas no debería seguir deforestando hasta que esté resuelta la mensura”, afirma Maximiliano Mendieta, abogado de la comunidad.
 
La línea roja que aparece en las imágenes de arriba esboza el polígono correspondiente a la comunidad indígena en cuestión, de acuerdo a las coordenadas que figuran en el título de propiedad y que está en poder del Indi.
 
Quesnel. Las 25.000 ha. mencionadas son las mismas que Rubén Quesnel, ex presidente del Indi, vendió de manera ilegal en octubre de 2012 a Julia Beatriz Vargas Meza. El juicio oral y público por lesión de confianza y abandono, por ese caso en particular, se inició ayer.
 
Esta transacción irregular liberó la indiscriminada depredación del terreno indígena, tal como se aprecia en las imágenes satelitales, cuyos archivos muestran que en 2007 la zona ni siquiera contaba con picadas que delimitaran el predio.
 
“Las estancias que están alrededor también deforestan y roban árboles de palo santo de la comunidad, independientemente a que haya o no superposición de títulos”, denuncia Mendieta.
 
Para Jorge Guillén, asesor jurídico del Indi, la mensura permitirá al ente la restitución legal de esas tierras a favor de los ayoreos, tal como se pensó hace casi dos décadas.
 
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