La Auditoría General de la República, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría Técnica de Planificación (STP) firmaron un convenio para garantizar el proceso de contratación de personas en las instituciones públicas en los departamentos que están en emergencia.
En una conferencia de prensa este lunes los ministros José Molinas, de la STP, Humberto Peralta, de la SFP, y la auditora Berta Rodríguez explicaron que el convenio establece la contratación de fiscalizadores por 90 días.
Los mismos deberán controlar in situ los trabajos que se realicen en los departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú, departamentos que fueron declarados en emergencia este mes de enero.
El objetivo es asegurar que los bienes y servicios lleguen a la población afectada, que el proceso se haga con «absoluta transparencia» y que haya una «rendición de cuentas clara» para el control de las actividades, manifestó Peralta a los periodistas.
Agregó que el salario a pagar a los fiscalizadores sería de aproximadamente G. 3 millones, mientras que la cantidad de personal y sus exigencias será determinada por cada una de las 16 instituciones involucradas en la declaración de emergencia.
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Foto: Roberto Santander
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