La decisión del Tribunal Supremo Electoral provocó una ola de protestas de la oposición, que acusa motivos políticos. Los comicios se celebran en marzo.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia resolvió que el 43% de los candidatos, tanto oficialistas como opositores, a gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas regionales fueran depurados de las listas por incumplir requisitos de residencia o falta de documentación básica. La decisión, a dos meses de las elecciones regionales, causó malestar y provocó una ola de protestas.
“Es un abuso de poder que no logrará que claudiquemos. Vamos a tomar acciones constitucionales y políticas”, afirmó la candidata de Unidad Nacional (UN), Rebeca Delgado, aspirante opositora a la alcaldía de Cochabamba (centro). En respuesta, protagonizó hoy una marcha callejera en Cochabamba.
La Justicia electoral la inhabilitó con el argumento de que, al ser congresista por su región en los últimos cinco años, residía en La Paz y no en Cochabamba, aunque ella afirmó que esta norma no se aplicó en el caso de los candidatos oficialistas.
El TSE también inhabilitó a Carlos Cordero, postulante a la alcaldía de La Paz por UN, el partido del ex candidato presidencial Samuel Doria Medina, cuyo partido es la segunda fuerza en el Congreso, donde el oficialismo posee la mayoría absoluta.
Otros líderes regionales, entre ellos muchos disidentes del partido del presidente Evo Morales, también fueron inhabilitados. Casi todos los afectados anunciaron demandas ante el Tribunal Constitucional, mientras que algunos candidatos declararon que iniciarán huelgas de hambre.
Muchos de los afectados gozan de popularidad en sus regiones y tenían firmes posibilidades de ganar las elecciones, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido del presidente Evo Morales) atravesó problemas para promocionar candidatos de peso y enfrentó fuertes disidencias internas.
El candidato a la gobernación de Santa Cruz Rubén Costas, que encabeza una lista de oposición a Morales, consideró que la draconiana depuración “es un atentado contra los derechos que tienen todos los ciudadanos”.
Las cortes electorales regionales dieron plazo hasta el próximo fin de semana para que los partidos o agrupaciones ciudadanas remplacen a sus candidatos inhabilitados.
Infobae
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