El Frente Amplio postergó una vez más el tratamiento del texto, que volverá a comisión para que sea modificado. La oposición exigió «coraje» para su aprobación.
El texto, que cuenta con el apoyo del Frente Amplio (FA) y del Partido Nacional (PN), fue criticado por más de 40 organizaciones sociales, entre las que figuran Amnistía Internacional y el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur.
Diputados de ambas formaciones se mostraron convencidos de la necesidad de aprobar el texto antes de que finalice la actual legislatura, el próximo febrero, mientras que desde el Partido Independiente (PI) consideraron que se trata de un tema de importancia cuya votación deberá ser aplazada hasta el próximo periodo de Gobierno.
Con el voto a favor de 60 de los 76 diputados presentes en la sala, el texto volverá a ser estudiado en comisión, después de que el pasado 22 de diciembre ya sufriera un aplazamiento de su votación para este lunes.
Diferentes organizaciones sociales denunciaron recientemente las disposiciones vinculadas a la violencia doméstica, explotación sexual y trata de personas, porque a su juicio implicarían «un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado».
Asimismo, censuraron que el nuevo Código Penal «conserva una raíz androcéntrica y patriarcal que contribuye a la reproducción de las desigualdades y no respeta los derechos humanos».
Además, la principal novedad del proyecto de Ley del nuevo Código Penal viene por la reforma del artículo 162, relativo al delito de abuso de funciones, que ahora se hace más específico.
También se trata de un punto que ha generado gran controversia.
El pasado 10 de diciembre, el ex ministro de Economía de Uruguay, Fernando Lorenzo (2010-2013), procesado por su gestión de la quiebra de la aerolínea estatal Pluna, anunció que no asumirá la banca de diputado para la que fue electo para «no recibir beneficio alguno» por la futura modificación de ese artículo en el Código Penal uruguayo.
En abril de 2014 la jueza del crimen organizado Adriana de los Santos aceptó la petición del fiscal Juan Gómez y procesó por «abuso de funciones» a este ex ministro y al presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia tras la quiebra de la aerolínea Pluna a mediados de 2012.
«Ahora el Parlamento Nacional, con el voto de legisladores de los dos principales partidos políticos se apresta a modificar el Código Penal. Específicamente -y recogiendo los postulados de la academia- se propone reformar la redacción del artículo 162», señaló Lorenzo, que entregó su renuncia como ministro al presidente José Mujica en diciembre de 2013.
El ex ministro reconoció que esa modificación «podría impedir que la justicia se expidiera» y con ello dejaría un «manto de sospecha» acerca de la forma en que ha procedido.
«No vamos a votar el pasaje a la comisión nuevamente del proyecto del Código Penal porque es un código que viene siendo estudiado hace cuatro años», expresó el diputado del PN Gustavo Borsari, quien pidió al resto de parlamentarios el «coraje» de aprobarlo antes de que finalice esta legislatura.
Por su parte, Iván Posada, del PI, afirmó que éste «no es un tema de coraje», sino de «sentido común», ya que creyó «inconveniente» que un código penal sea aprobado «en estas circunstancias», por lo que apostó por que debería ser abordado en la próxima legislatura.
Infobae – EFE
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