Paraguay denunció a Argentina ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur) por considerar que el vecino incumple con desprecio meditado el acuerdo de navegación por la hidrovía Paraguay-Paraná.
El parlasuriano paraguayo Alfonso González Núñez presentó un documento en que nuevamente denuncia a Argentina por las trabas que sufre el comercio en los ríos, esta vez con motivo de la Cumbre del Mercosur llevada a cabo entre este martes y mañana miércoles en Paraná, Entre Ríos, publica el portal argentino perfil.com.
En el texto González lamentó “el desprecio meditado con que Argentina socaba este compromiso” y pidió la implementación efectiva del acuerdo de tránsito en los ríos Paraguay y Paraná para “lograr la más amplia libertad de tránsito fluvial y el transporte de personas y bienes por esa ruta hídrica internacional”.
Agregó que actualmente el trayecto es una odisea que “traspasa el límite de lo tolerable”.
Paraguay ya había hecho pública su denuncia a las trabas a fines del año pasado, se quejó sobre la paralización de los buques debido a la huelga de obreros portuarios que ocasionó una gran pérdida para el sistema económico.
El acuerdo de transporte fluvial está firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay que reafirmaron el principio de libre navegación por los ríos de la Cuenca del Plata y contempla el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos Paraguay y Paraná desde Puerto Cáceres, en el Pantanal brasileño, hasta Nueva Palmira, en Uruguay.
La presidenta argentina Cristina Kirchner llegará en la noche de este martes a la ciudad de Paraná para participar de la Cumbre de Presidentes del Mercosur.
Uno de los objetivos principales del encuentro será la incorporación plena de Bolivia al bloque regional, aunque todavía no se llegó a un acuerdo porque Paraguay plantea serias objeciones, publica a su vez el periódico argentino La Nación.
El Protocolo de Adhesión de Bolivia al bloque mercosuriano fue aprobado cuando nuestro país se encontraba suspendido en sus derechos de participar en el organismo tras la destitución del presidente Fernando Lugo, en junio de 2012, vía juicio político.
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