En la Cámara Baja señalan que no pueden iniciar ninguna acción contra Marcial Lezcano, Bernardo Villalba y Freddy D’Ecclesiis mientras no exista un pedido de desafuero por parte de la Fiscalía.
Los diputados colorados Bernardo Villalba, Marcial Lezcano y Freddy D’Ecclesiis son tres de los legisladores nombrados como sospechados de tener vínculos directos con el narcotráfico y que incluso sus campañas electorales habrían sido financiadas por dinero mal habido. Los tres aparecen en la denuncia que hizo el Senado ante la Fiscalía.
A pesar de las pruebas de las presuntas conexiones proveídas por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los tres legisladores seguirán ocupando sus bancas.
Esto debido a que para las autoridades de la Cámara Baja debe existir un pedido oficial de la Fiscalía para que los diputados sean desaforados para ser sometidos a investigación y, posteriormente, a los castigos administrativos que puedan aplicarles sus pares.
En varias ocasiones, el propio titular de la Cámara de Diputados, el colorado Hugo Velázquez, manifestó que desde la institución a su cargo no pueden hacer nada, ni suspender ni sancionar a sus colegas y mucho menos dejarlos sin los fueros mientras no exista una orden judicial que solicite el desafuero.
De esta manera, los diputados acusados de tener nexos con el narcotráfico seguirán gozando campantemente de los privilegios y las influencias que les otorga ocupar una banca en la Cámara Baja.
DENUNCIA. La Cámara de Senadores presentó días atrás la denuncia al Ministerio Público, donde se mencionan los nombres de políticos pertenecientes al Partido Colorado, señalados por la Senad como vinculados al narcotráfico.
Entre estos nombres figuran, a más de Lezcano (diputado por Amambay); Villalba, (diputado por Concepción), y D’Ecclesiis, (diputado por San Pedro), todos del movimiento Frente para la Victoria; a la parlasuriana cartista Concepción Cubas de Villaalta; al ex diputado concepcionero Magdaleno Silva; y al diputado suplente por Amambay, Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharô.
La denuncia la realizaron después de una presentación pública hecha en el pleno de la Cámara Alta, ocasión en que presentaron pruebas contra los políticos de la ANR.
Las pruebas, en su mayoría son conversaciones telefónicas que los citados legisladores mantuvieron con narcotraficantes del norte.
Luis Rojas, titular de la Senad, mencionó que el informe presentado en el Senado sobre los políticos vinculados al narcotráfico es un cuadro de situación sobre varios casos judiciales abiertos y que tienen sustento en evidencias telefónicas.
DESMENTIDO. Los tres diputados desmintieron las acusaciones en su contra y en el caso de Villalba, incluso desafió al senador Arnaldo Giuzzio, quien fue el que hizo la denuncia, a que en una audiencia pública le demuestre su vinculación, más allá de lo laboral, con narcotraficantes.
Villalba admitió que defendió a personas en procesos de narcotráfico como Christian Villaalta, hijo de Concepción Cubas, y Jonathan Soligo, pero negó que ello constituya algún nexo o que pueda ser considerado traficante.
Víctor Raúl D’Ecclesiis, hermano del diputado, era propietario de un cargamento de cocaína incautado en una aeronave.
Águedo Lezcano, hermano del diputado Marcial, también cayó con cocaína líquida y fue liberado por agentes fiscales.
Lezcano tiene como suplente a Chicharô, quien estuvo preso por lavado de dinero, tiempo en que recibió constantes visitas de D’Ecclesiis y de Lezcano.
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