Paraguay: Imputan a ex ministros de Industria por contratar a presuntos planilleros
Son 49 imputados, entre ellos Óscar Stark, actual viceministro de Industria, además de tres ex ministros, funcionarios y contratados que no prestaron servicios, según fiscala. Corresponden a gobiernos de Lugo y Franco.
Tres ex ministros de Industria y Comercio de los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco fueron imputados junto a otras 46 personas por un presunto esquema de contrataciones sucesivas de planilleros que en su mayoría eran operadores políticos liberales.
La imputación fue presentada por la fiscala anticorrupción y afecta a los ex ministros Francisco Rivas, Martín Heisecke y Diego Zavala. La causa es por los delitos de lesión de confianza, estafa y cobro indebido de honorarios.
También fue imputado Oscar Stark Robledo, actual viceministro de Industria, quien fuera director de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), cargo con el que habría contratado a personas que luego no prestaron servicio.
El caso comenzó a ser investigado tras una denuncia del Sindicato de Profesionales y Trabajadores del Ministerio de Hacienda y luego de un examen especial realizado por la Contraloría General.
La investigación fiscal detectó dos «tipos» de planilleros: aquellos que simplemente no prestaron servicio alguno al Ministerio pero igual cobraron sus honorarios y aquellos que además de no prestar servicios, mintieron sobre sus títulos académicos para llenar el perfil técnico que los contratos requerían.
TÍTULOS. En esta última categoría se encuentra, por ejemplo, Sindulfo Barrios, quien simuló tener dos títulos que nunca tuvo, según la Fiscalía. En su caso, la imputación relata que entre el 2009 y el 2013 fue contratado de forma ininterrumpida por el Ministerio.
En su currículum señaló que tenía una licenciatura en Química Industrial y otra en Matemática Estadística, ambas de la Universidad Nacional de Asunción. El rectorado informó a la Fiscalía que nunca expidió un título o diploma para Barrios.
Asimismo, el Ministerio Público detectó el caso de Fortunato Zaldívar Motte, quien a la fecha de su contratación tenía 79 años de edad. Según la investigación, el anciano fue contratado sucesivamente entre el 2010 y el 2013 y no hay registros de que haya trabajado. Tanto en su caso como en el de otros, la fiscala Delvalle constató diferencias entre las fechas del cobro de los honorarios con los periodos de contratación y las resoluciones ministeriales vinculadas a los contratados.
Al respecto, la imputación señala que «las resoluciones (ministeriales) fueron emitidas con el presunto propósito de dar un viso de legalidad a contrataciones que ya habían sido realizadas previamente sin mayores cuidados o formalidades».
La investigación encontró planillas de asistencia que se llenaron con datos falsos. Por la falta de control también fueron imputados funcionarios de Recursos Humanos del Ministerio, directores de distintos programas y proyectos, además de los ex viceministros Cantalicio Salvador Invernizzi y Hugo Ramón López Sanabria.
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