Un juez de Filadelfia favoreció a cuatro imputados por la Fiscalía, junto a Luis Ortigoza, y dispuso que Registros Públicos inscriba de manera preventiva 16.000 hectáreas ubicadas en Alto Paraguay.
El abogado Fidelino Aquino García, juez de Primera Instancia Multifuero de Neuland, Filadelfia y Loma Plata, hizo lo que probablemente pocos magistrados se animarían a hacer: ordenar la inscripción preventiva en la Dirección General de los Registros Públicos de cuatro lotes de 4.000 hectáreas cada uno que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) vendió de manera fraudulenta, según una investigación realizada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El pasado 29 de enero, en plena feria judicial, el citado juez libró oficios ordenando a Registros Públicos la inscripción preventiva de los títulos de los cuatro lotes que totalizan 16.000 hectáreas y que se encuentran en la colonia Kuarahy Retã, del distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, zona a la que se considera la mejor tierra del Chaco.
Los lotes fueron adjudicados por el entonces presidente del Indert, Luis Ortigoza, en un mismo día, el 28 de diciembre de 2012, a Ide Joel González Ramírez, Anselmo Benítez González, Alfredo González Ramírez y Lino Marín Brizuela, quienes junto al ex titular del ente agrario se encuentran imputados por la fiscalía por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Ante una denuncia presentada por el actual presidente del Indert, Justo Cárdenas, los fiscales Silvia Cabrera, Alba Delvalle y René Fernández investigaron la venta de 12 lotes del Indert en el Alto Paraguay que totalizan 48.000 hectáreas. El pasado 15 de abril concluyeron que la venta se produjo de forma fraudulenta e imputaron a Ortigoza y a los doce compradores, que serían simples testaferros.
El fraude consistió en que las tierras fueron adjudicadas en el 2012 al precio que regía hasta el 2009, de 30.000 guaraníes por hectárea. A partir del 2009 el Indert estableció una nueva escala de precios y la hectárea en esa zona de Alto Paraguay pasó a valer 309.500 guaraníes por hectárea.
La maniobra se concretó mediante la reconstitución de expedientes supuestamente abiertos en la década del 80 y utilizando fotocopias de presuntas boletas de pagos hechos en el pasado, con lo cual justificaron la liquidación del valor de los lotes a precio viejo, lo que generó un daño patrimonial multimillonario al Indert. Una antigua artimaña usada para estafar al Estado.
Ingeniería legal Luego de que el Ministerio Público iniciara la investigación, se desplegó en dos frentes toda una ingeniería jurídica de parte de algunos de los denunciados para forzar por vía judicial la inscripción de los lotes en Registros Públicos. Así es como cuatro de los favorecidos por Ortigoza plantearon un juicio sobre inscripción preventiva ante el juez Aquino García, quien con llamativa celeridad dio curso al pedido de los recurrentes, y la Dirección de Registros Públicos tuvo que acceder a la orden del magistrado.
El otro frente judicial se desplegó en cuatro juzgados de Asunción, donde en un mismo día, el pasado 14 de marzo, se presentaron cuatro amparos para forzar al Indert a inscribir los títulos a favor de las cuatro personas que fueron adjudicadas por Ortigoza. Sin embargo, tres de los cuatro amparos fueron rechazados por los jueces Enrique Mongelós Aquino, Neri Joel Kunzle y Patricia González.
El Estatuto Agrario establece en su artículo 57 que es el Indert el que debe proceder a la inscripción del título ante el Servicio Nacional de Catastro y ante Registros Públicos.
El ente agrario suspendió este procedimiento en el caso de los doce lotes denunciados ante el hallazgo de irregularidades en el proceso de adjudicación, luego de una intervención administrativa dispuesta en la Región Occidental.
Curiosamente, el juez de Filadelfia no notificó nada al Indert, que al tomar conocimiento del caso pidió intervenir en el juicio.
Fuente: Ultima Hora
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