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COLOMBIA: Senado dijo sí a las curules de paz

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El duro golpe que la Corte Constitucional le dio al fast track hace apenas algunas semanas proyectó sombra sobre otra realidad que, al mismo tiempo, ratificó el alto tribunal: ningún proyecto de acto legislativo para implementar los acuerdos de paz o ninguna iniciativa que contraríe el espíritu de los textos de La Habana podrán ser aprobados por el Capitolio. “Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto”, señala el texto que reglamentó el mecanismo expedito para desarrollar jurídicamente los acuerdos.

Por eso, aunque mucho se dijo que la paz quedaba en riesgo con el fallo de la Corte, tal apreciación resultó un tanto exagerada. Primero, porque aunque ahora los congresistas podrán proponer modificaciones a lo pactado con la guerrilla, todo, en últimas, tendrá que ajustarse al Acuerdo Final. Y segundo, porque el presidente Juan Manuel Santos aún cuenta con las mayorías en el Congreso, a pesar de que los más recientes proyectos de la paz que han sido aprobados, han pasado raspando.

Eso quedó claro este martes, en la Comisión Primera del Senado, que aprobó en primer debate, en bloque y por mayoría, el acto legislativo para crear las 16 circunscripciones de paz para los territorios afectados por el conflicto armado. En pocas palabras, la discusión se convirtió en la primera prueba de fuego que tuvo que enfrentar uno de los ejes fundamentales del Acuerdo de La Habana, luego de la decisión de la Corte. “Quedó demostrado que avanza el fast track sin tropiezos, que la implementación avanza con rapidez y de la misma manera serán aprobados los proyectos que faltan para volver la paz una realidad en Colombia”, dijo el senador de la U Roy Barreras, coordinador ponente del acto legislativo. (Lea también: ¿Y por qué le van a dar 16 curules en Cámara a las zonas afectadas por el conflicto?)

“Se está condenando a estos territorios a someterse a un régimen minoritario. Hablar de apertura democrática no es imponerle representación a la gente”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Mientras tanto, su copartidario, Alfredo Rangel, argumentó que, dado que en las regiones a las que benefician estas 16 circunscripciones de paz han permanecido actores armados ilegales, los que en realidad van a sacar ventaja de lo aprobado son los propios guerrilleros. “Eso de que las Farc no van a presentar candidatos es un embuste que no se lo cree nadie. Esas zonas han tenido una presencia permanente y asidua de las Farc. Los que lleguen van a ser candidatos de las Farc”, dijo el senador uribista.

Pero el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, defendió las circunscripciones de paz como una forma de reparación y reconocimiento a las comunidades más golpeadas en este medio siglo de guerra. “No podemos considerar que unas comunidades, por el hecho de vivir en zonas de conflicto o donde hay cultivos ilícitos, son criminales”, dijo. Postura a la que se sumó la senadora de la Alianza Verde Claudia López, quien llamó mezquinos a quienes quisieron promover la participación de los partidos tradicionales para hacerse a esas curules. “Los partidos políticos llevan 150 años haciendo campaña allá y no representan a esas poblaciones. No sean tan mezquinos. Ni los incluyen en sus listas, ni los representan en sus partidos, entonces, ¿por qué no hacer esto si no les está quitando nada a ustedes?”, cuestionó la congresista.

Ciertamente, no sólo la deuda histórica con estas regiones abandonadas por el Estado demuestra la necesidad de crear fuerzas alternativas allí sino, además, la baja popularidad con la que cuentan los partidos políticos en Colombia, que supera el 80 %. Un fuerte indicio de que el rol mediador de las colectividades va rumbo al abismo.

Sin embargo, para la senadora Viviane Morales, por ejemplo, el hecho de haber dado luz verde al proyecto lanza el mensaje de que los partidos mismos se están autoproclamando ilegítimos. Una postura que contrasta con el mensaje que envió el presidente Juan Manuel Santos desde la Casa de Nariño mientras se daba el debate: “Estamos en pleno proceso de implementación de los acuerdos. El compromiso debe ser absoluto, dando cumplimiento a la palabra empeñada del Estado, del presidente y en nombre de todos los colombianos. Esos acuerdos los tenemos que cumplir y los vamos a cumplir”.

Será ahora la plenaria del Senado la encargada de decidir, en un nuevo debate, si admite 16 cupos más dentro del recinto el año entrante.

 

Foto: VizzorImage - PhotoShelter

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